Desde Santa Cruz

El recurso de hábeas corpus presentado por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, contra los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y el de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue declarado “improcedente” por la Corte Superior de La Paz. Sus abogados habían argumentado que los militares fueron a buscarlo “sin orden judicial”, más bien para invitarlo a una reunión con comandantes que todavía no tuvo, porque lo llevaron derecho a un avión y de ahí a La Paz, donde un grupo de alteños le dio la bienvenida al grito de “asesino”. Sin las visitas que sus amigos de la Media Luna habían prometido el fin de semana, el prefecto espera la continuación de su proceso, desde ayer con prisión preventiva. En Santa Cruz comenzó la recuperación pacífica (esta vez sí) de algunos edificios públicos tomados por los cívicos. Así esperan que los campesinos dejen de cercar la ciudad y les permitan disfrutar de su Feria Internacional de Exposiciones (Expocruz).

Las fiestas de violencia desarrolladas durante los últimos días en el oriente de Bolivia dejaron una cantidad aún indeterminada de muertos –se dice que entre 20 y 70 personas– en Pando. Fernández es el principal acusado por las balas que repartieron grupos en nombre de la Prefectura durante el 11, 12, 13 y 14 de septiembre en los municipios de El Porvenir y Filadelfia. Hay dos procesados más, Miguel Becerra, ex alcalde de Cobija, y Abraham Cuellar, senador de Unidad Nacional, relacionados con los campesinos acribillados. No fueron detenidos porque el fiscal general, Mario Uribe, no lo ordenó. Tampoco había pedido la detención de Fernández. Fue, según el gobierno, porque el prefecto no acató el decreto del estado de sitio.

La ciudad de Cobija volvió a la normalidad y se eligió un prefecto interino: el secretario general de la Prefectura, Dari Bautista, consensuado entre militares, la Iglesia y congresistas pandinos. Su primera tarea fue participar de la reunión de ayer en Cochabamba.

Luego de su primera sesión ante la Justicia, Fernández sostuvo: “Yo he dicho que no voy a ser chicanero, pero no puedo permitir que vaya adelante este proceso. Estoy absolutamente en desacuerdo con el camino que se ha tomado. Se me debe procesar, enjuiciar, investigar, pero por donde corresponde. Hasta el día de hoy no hice ningún intento de irme”, dijo para argumentar lo injusto de su penitencia. El martes pasado, día de su detención, al prefecto lo esperó en la entrada del aeropuerto un grupo de vecinos para insultarlo. Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal del caso, Eduardo Morales, contó que al aterrizar el prefecto “pedía un arma para suicidarse, por temor a la turba que lo esperaba”.

En Santa Cruz, ayer fue sepultado Edson Ruiz, de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), hincha de Oriente Petrolero y sobrino del alcalde de La Guardia. Quedó en coma durante enfrentamientos con campesinos, cuyo bloqueo de Tiquipaya la UJC intentó romper. Este fracaso bélico y el de Plan 3000 causaron la renuncia del presidente unionista, David Sejas.

Ayer, representantes de organizaciones sociales y un funcionario del Ministerio Público entraron a la estación de trenes y ferrocarriles Bimodal, saqueada y cerrada con candado por la UJC. También fueron recuperadas las sedes de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y de la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc), que habían tomado indígenas pagados por los cívicos y la prefectura, según denuncian estas organizaciones.

El cerco a Santa Cruz sigue. “No hemos dicho que entreguen unas cuantas, sino todas las instituciones. Y tampoco que revisen qué instituciones les corresponden según sus estatutos autonómicos. Primero está la aprobación del texto de la nueva Constitución. Algunos prefectos son conscientes y las están devolviendo, pero lamentablemente Santa Cruz no quiere devolver todas. Por lo tanto, la medida de presión continúa”, dijo el dirigente de los Colonizadores, Fidel Surco.

En esta ciudad hacían los últimos retoques a los stands de Expocruz. Pese a los augurios de fracaso que envían los sectores campesinos, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, dijo que la feria “es ya un éxito porque está todo vendido. Es un evento que se organiza en un año. No se hace para un día. Es todo un proceso que este año cuenta con un éxito superior al de muchas ediciones anteriores”. Se calcula que 500 mil personas la visitarán y desde hoy por nueve días moverán 200 millones de dólares.