Cuando aún restan por renegociar varios contratos de servicios públicos privatizados, todavía no se ha decidido la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, herramienta que el Gobierno reclama para poder llevar a cabo las negociaciones. Ni las propias empresas interesadas tienen una idea clara de cómo quedará su situación si no se puede utilizar esa vía. La norma le otorga al Poder Ejecutivo potestades para resolver la modificación de contratos sin injerencia del Congreso. Por lo pronto, todas las especulaciones son posibles: desde que recobren vigencia los contratos originales hasta que ganen sustento las demandas contra Argentina ante el Ciadi.

La propia Cristina Fernández de Kirchner se negó como legisladora a convalidar la prórroga de una ley que, a su juicio, implicaba violar su mandato parlamentario por la exagerada cesión de atribuciones al Ejecutivo. Es el mismo argumento que ahora esgrime la oposición. La Emergencia Económica pasó por varias prórrogas desde enero de 2002, a pesar de la mejora en los indicadores económicos que sugerían el fin de la excepcionalidad.

Al fin de cada ejercicio, el oficialismo invocó la necesidad de terminar la discusión de los contratos con las privatizadas, que esa ley dejó en suspenso tras la salida de la convertibilidad. La renegociación debe realizarse “sin introducir cambios estructurales a los efectos de preservar la vida del contrato y las condiciones originalmente pactadas”, sentencia una resolución del año 2003. Hacia allí apuntan quienes sostienen que, de no regir la Emergencia, desde el punto de vista formal podrían recobrar vida esos acuerdos.

Difícilmente una concesionaria quiera ahora volver realmente a la letra original. Por el contrario, están todas a la espera de firmar un documento definitivo que les permita preservar su negocio en el nuevo marco. Ya no gozarán de una tarifa dolarizada, pero las exigencias de inversión tampoco resultaron tan gravosas como en origen.

Desde el mostrador empresario, se especula además con que sin aquella ley, las renegociaciones podrían resultar aun más lentas e inciertas de lo que ya resultan en manos de Planificación y Economía. Hoy los legisladores se limitan a refrendar o rechazar los acuerdos que celebre el Ejecutivo, sin involucrarse puntualmente en los contenidos. Modesto lugar que abandonarían de inmediato sin el dique de la Emergencia.

Desde el oficialismo también se defiende la necesidad de sostener la ley como eventual protección contra sentencias adversas en el Ciadi, adonde acudieron los accionistas extranjeros de las sociedades concesionarias para protestar por los perjuicios económicos que les acarreó la pesificación tarifaria. Un eje defensivo de los abogados estatales fue invocar la excepcionalidad económica y social en la que se encontraba Argentina a principios de 2002, justificativo para cambiar las reglas.

Pero seis años después, sin la ley fundada en esa situación de crisis,y con los contratos en un limbo legal, los árbitros podrían ser más permeables a los pedidos indemnizatorios.

La oposición radical está dispuesta a avalar selectivamente la prórroga de la Emergencia. “Sólo en el capítulo referido a la renegociación de contratos”, asegura ante PáginaI12 el senador Ernesto Sanz. Aun para estos opositores, no está mal tener un respaldo legal para rediscutir los contratos firmados en la década pasada.