Desde México, D. F.

El clima de inseguridad en México rebasó todos los índices históricos de criminalidad. En sólo 23 meses, de enero de 2007 a noviembre de 2008, que corresponden a lo que va de la administración de Felipe Calderón, 48 millones de personas fueron víctimas de algún delito, se registraron 20.000 secuestros y 10.500 personas fueron ejecutadas por el crimen organizado. Lo que es peor, 98,76 por ciento de los crímenes queda impune, lo que obliga a rediseñar la estrategia de seguridad pública, según el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

Al presentar el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman mexicano destacó la impunidad que reina en el país, pues sólo el uno por ciento de las víctimas de algún delito accede a la Justicia. Un indicador es que se denunciaron menos de cuatro secuestros por cada 10 cometidos, es decir, 5140. Muchas de las muertes violentas tienen que ver con el secuestro, que registra una tasa diaria de siete secuestros.

La violencia asociada al crimen organizado se ha desbordado. Las 5585 ejecuciones registradas por la CNDH en lo que va del año rebasan el número de los seis años de Vicente Fox en la presidencia. De esas ejecuciones, 86 por ciento son de civiles, 12 por ciento de servidores públicos y 2 de menores de edad. El informe de la CNDH documenta que la violencia se disparó a partir del último año de la administración Fox. Desde entonces, 48 millones de personas han sido víctimas de algún delito, es decir, casi 44 por ciento de la población, o 22 de cada 50 mexicanos. Esto representa un incremento en la criminalidad de 90 por ciento, comparado con el mismo período anterior. El número de delitos cometidos corresponde no sólo a las estadísticas oficiales, sino que se le suma la lista negra de delitos no denunciados, que es de 90 por ciento en los tres años recientes: sólo uno de cada 10 delitos se denuncian, de los cuales sólo casi dos presuntos responsables son consignados, es decir, un margen de impunidad de 98,76 por ciento, sostiene la CNDH.

“Es un hecho innegable que la seguridad pública en México se enfrenta a uno de los momentos más sensibles y delicados de la historia, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país, así como por la violencia presente, sino también por la adopción de nuevas estrategias que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobre la base de considerar el problema, al menos de hecho, como un asunto de seguridad interior o nacional”, sostuvo Soberanes.

Luego de entregar el informe al presidente, a los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y al procurador general, Soberanes demandó replantear la estrategia oficial debido a que “el modelo aplicado hasta hoy presenta un severo desgaste, que va desde la tendencia de los cuerpos policíacos a cumplir deficientemente su labor, hasta excederse en sus atribuciones e incluso coaligarse con la delincuencia”, lo que ha derivado en “excesos que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos, generando, además de víctimas del delito, víctimas del abuso del poder. Se evidencian excesos como la práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, privaciones arbitrarias de la vida y, en general, violaciones a los derechos humanos individuales y, eventualmente, un quebrantamiento del estado de derecho a través del abuso de poder”, particularmente a manos del ejército, objeto de 19 recomendaciones de la CNDH en dos años, desde que Calderón los lanzó a las calles a librar una guerra contra los carteles del narcotráfico.