El gobierno de Hugo Chávez no violó ninguna de las libertades de expresión, de propiedad ni de igualdad de las empresas de comunicación privadas. Sin embargo, sí falló en su deber de evitar que terceras personas obstaculizaran el pleno ejercicio profesional de periodistas y trabajadores de Globovisión. Esa fue la conclusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica y así se lo comunicó ayer al gobierno venezolano y a las empresas demandantes.

En su demanda, la cadena televisiva Globovisión había pedido que se penalizara a Venezuela con una multa de un millón de dólares. Pero el Tribunal se limitó a exigir al Estado venezolano que abone la suma de 10.000 dólares en concepto de los gastos provocados por el juicio.

La causa judicial había sido presentada por la cadena ante el tribunal con sede en San José en abril del 2007, cuando faltaba sólo un mes para que expirara su licencia y la de su competidora RCTV. El gobierno de Chávez ya había anunciado que no renovaría la licencia de RCTV por haber apoyado el golpe del 2003. Al mismo tiempo, venía aplicando varias multas a Globovisión, otra cadena que había apoyado el golpe, por lo que consideraba incumplimiento de sus obligaciones básicas de informar con imparcialidad.

Los medios opositores comenzaron una campaña insistiendo en que Chávez pensaba dejar sin licencia para operar a Globovisión, igual que a RCTV. Pero eso nunca sucedió. Sin embargo, como medida preventiva, Globovisión había presentado su demanda.

El fallo de la Corte desestima las acusaciones de falta de libertad de expresión en Venezuela. Además del golpe fallido del 2002, las cadenas y los diarios opositores habían apoyado el paro petrolero y el de-sabastecimiento de alimentos a fines de ese año y comienzos del 2003.

El fallo de la Corte Interamericana –que juzga conductas de Estado pero no de individuos– ordena al Estado venezolano cumplir con una serie de medidas. Entre los puntos mencionados figuran: la obligación de conducir eficazmente las investigaciones y procesos penales que todavía permanecen abiertos a raíz de los hechos denunciados por Globovisión; el deber de publicar en diarios de circulación nacional varios extractos de la sentencia y la obligación de tomar medidas para evitar que las restricciones y obstaculizaciones sufridas por los trabajadores de Globovisión vuelvan a repetirse.