Desde Medellín

Desde el lunes, centenares de indígenas Awá se internan en las selvas de Nariño para rescatar los cuerpos de 17 miembros de su comunidad ejecutados por la guerrilla de las FARC hace un mes y medio. Nadie ha llegado a la zona desde que las autoridades locales denunciaron la masacre y el grupo rebelde se adjudicó las muertes, aduciendo que se trataba de colaboradores del ejército. El gobierno colombiano se negó a enviar a las instituciones judiciales para sacar los cadáveres y por eso el mismo pueblo indígena marchó hasta el Resguardo Awá de Tortugaña - Telembi, en el municipio de Barbacoas, departamento (provincia) de Nariño, fronterizo con Ecuador, que está a unos 250 kilómetros de la capital, Pasto.

Antes de partir, el asesor de Paz de Nariño, Xabier Hernández Buelvas, le contó a Página/12 los detalles sobre la marcha, una especie de misión humanitaria popular que en Colombia se conoce como “minga”, que espera regresar en una semana, y las difíciles condiciones de seguridad y soledad en las que avanza.

–¿Cuándo y para qué partió la minga indígena?

–La minga se da a raíz de una situación muy trágica de violación de derechos humanos, la masacre de las FARC contra 17 indígenas. El lunes 23 de marzo iniciaron la búsqueda. Estuvimos reunidos en Buenavista (corregimiento de Barbacoas) y de allí partieron 250 indígenas, hombres mayores de edad y mujeres sin familia. En vista de que el Estado no pudo ingresar al territorio con sus instituciones como Fiscalía o policía judicial, las autoridades indígenas decidieron ir ellas mismas y convocaron esta marcha. Se trata de un acto de reafirmación de soberanía de los pueblos indígenas sobre el territorio. Les están mostrando a los actores armados su decisión de no aceptar que se tomen sus tierras con la guerra. Y se trata, por supuesto, de intentar recuperar los cuerpos que se encuentran todavía en el sitio de los hechos, aunque es una cuestión muy difícil de cumplir por el tiempo que ha pasado tras la masacre y porque algunos pudieron ser lanzados a los ríos de la zona.

–¿Cuáles son las condiciones de seguridad y quiénes acompañan la marcha?

–Estamos muy preocupados por el tema de las minas antipersonales que siembran las FARC, el ELN y los paramilitares en el territorio como estrategia de defensa. Los indígenas que son del resguardo son los que conocen los caminos que no están minados, pero el riesgo es muy alto. Ellos van con dos defensores comunitarios de la Defensoría del Pueblo y nadie más. En Buenavista, ayer (por el lunes) encontramos una presencia muy alta del ejército, de la Brigada 23, y con ellos sostuvimos una conversación para brindarle seguridad a la marcha. Pero las autoridades indígenas sólo aceptaron su presencia hasta un punto cercano a Buenavista. De ahí en adelante la suerte de la minga es incierta. Se trata de un territorio muy complejo, de mucha movilidad de los grupos de confrontación armados, en medio del cual queda la población indígena.

–¿Algunas familias desplazadas a raíz de la masacre estarían tratando de retornar a sus tierras con la marcha?

–Efectivamente hay personas del grupo de desplazados, que fueron 289, que están participando en la minga. Esto indudablemente va a permitir también que algunas de las familias desplazadas puedan constatar el estado actual de sus chagras (casas), que son las fincas de ellos. Esos desplazamientos ocurrieron el 4 de febrero, día de la masacre, y hoy son 187 apenas los indígenas que quedan en el albergue. Ha habido un proceso de retorno voluntario, gota a gota, porque ellos están acostumbrados a moverse diariamente por la selva, a cazar, a recoger frutos, y esconderlos en un salón no es coherente con su cultura.

–No es la primera vez que al pueblo indígena se le violan los derechos y se lo abandona a su suerte. ¿Cuál es el trasfondo de la marcha?

–Es una situación de una ausencia histórica del Estado en materia de inversión social, de salud, de educación. El desarrollo económico de la región es muy precario. En los últimos quince años la presencia del Estado ha sido a través de una acción militar permanente. Es una zona donde las necesidades básicas insatisfechas están por encima del 80 por ciento, hay una concentración de pobreza extrema. Es una zona con unos niveles de subdesarrollo sorprendentes con un retraso, con respecto al resto del país, de cuarenta años. En el resguardo de Tortugaña, El Sande y Guachavezcho estamos hablando, por ejemplo, de 3500 niños por fuera del sistema educativo. Allá no hay escuelas, no hay nada.

Es una situación que se agrava en la medida que la región contiene muchas riquezas naturales, mucho oro –no se ha explotado siquiera el 3 por ciento–, se habla de grandes yacimientos de uranio en la región, y se trata de una zona con las mayores fuentes de agua de Colombia y el continente. Además, es una zona con condiciones muy propicias para la movilidad de la pasta de coca y de armas, aprovechando la costa litoral del Pacífico.

–¿Cuál es el llamado a los grupos armados que tienen presencia en la zona por donde pasa la minga, y a la fuerza pública?

–Exigimos respeto al derecho internacional humanitario, que es lo más importante en estas situaciones. Quisiéramos que el conflicto finalizara, pero sabemos que hay un proceso fuerte, entonces pedimos que se respeten las reglas de la guerra y que a la población civil se le tenga respeto como no combatiente. Igual, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana, que se ha excedido en sus acciones contra las poblaciones indígenas, para que actúe y haga control en la zona contra los grupos paramilitares denominados Los Rastrojos, que también tienen presencia en la región.