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“La crisis de la economía global implica el riesgo de un nuevo crecimiento de la inequidad, que nos exige tomar conciencia sobre la dimensión social y política del problema de la pobreza. En este sentido, la promoción de políticas públicas es una nueva forma de opción por nuestros hermanos más pobres y excluidos.” “Esta amenaza de posible crecimiento de la pobreza, en los próximos meses, es el mayor desafío social que tenemos por delante y debe ser respondido por gestiones solidarias tanto del sector público como del privado.”

Los párrafos que anteceden no forman parte de los considerandos de una ley que, en un contexto de crisis, sube las retenciones a la soja para las grandes explotaciones o, para usar un latiguillo en boga, para los “grandes pools” de siembra. Tampoco son los considerandos de una norma para el adelantamiento de las elecciones. Pertenecen al comunicado que este miércoles emitió la 152 Comisión Permanente de la jerarquía católica. Los obispos diagnosticaron el crecimiento de la “enemistad” social y, en consecuencia, llamaron a la “amistad” y la “reconciliación”, precondiciones del “diálogo” que permitiría encontrar caminos de “consenso”.

Como parece que el termómetro para medir el humor social del que se sirven los príncipes de la Iglesia son los foros de Internet de la prensa más conservadora, quizá resulte oportuno recordar algunas claves del conflicto impulsado por las corporaciones agropecuarias, datos que pueden servir de guía para futuras injerencias de la Jerarquía en el siglo.

- El Estado decidió hacer uso del poder constitucional conferido por las urnas para llevar adelante una política económica con determinadas características. Entre ellas la diferenciación inter e intrasectorial de precios relativos a través de retenciones diferenciales.

- Un sector minoritario de la sociedad conducido por los empresarios agropecuarios pretende, por vía de la acción directa, la aplicación de una política tributaria diferente. La acción incluye tomar de rehén al resto de la sociedad a través de los cortes de ruta y el amedrentamiento y amenaza a los legisladores que no comparten su visión del mundo.

- Por razones diversas, la violencia empresaria cuenta con el respaldo de algunos grupos multimedios que se sienten amenazados por una potencial nueva ley de radiodifusión.

Debe reconocerse, sin embargo, que el comunicado de los obispos también alberga claridad. Sostiene que “cuando priman intereses particulares sobre el bien común, o cuando el afán de dominio se impone por encima del diálogo y la justicia, se menoscaba la dignidad de las personas, e indefectiblemente crece la pobreza en sus diversas manifestaciones”. Con seguridad, éste es un párrafo destinado a quienes eligieron el camino de la violencia empresaria y cometen los delitos de cortar rutas y amedrentar legisladores. Y agregan: “Toda democracia padece momentos de conflictividad. En esas situaciones complejas, alimentar la confrontación puede parecer el camino más fácil”. Sin duda, la frase es un estilete que los prelados lanzan sobre los multimedios y la oposición nostálgica de los ’90.

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