En Paraguay, el uso de un cuartel militar para realizar un campamento de movimientos de izquierda sudamericanos no pasó inadvertido. Ayer, el presidente de ese país, Fernando Lugo, relevó a los comandantes del ejército y de la armada y al jefe de un cuartel por albergar, entre el 6 y el 10 mayo pasados, un congreso juvenil de grupos de izquierda de varios países de la región en instalaciones de las fuerzas armadas, lo que se encuentra prohibido en ese país.

Alfredo Machuca, comandante del ejército, fue quien asumió la responsabilidad por haber autorizado el II Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio y, por eso, fue el primero en ser reemplazado: en su lugar, Lugo designó al general Juan Oscar Velázquez, cercano al mandatario y quien hasta ahora se desempeñaba como jefe del gabinete militar de la Presidencia.

En cuanto a la armada, su jefe, el contraalmirante Rubén Valdez, fue reemplazado por el contraalmirante Claudelino Recalde.

Valdez había afirmado públicamente que el congreso de los jóvenes había sido autorizado por orden del presidente Fernando Lugo. Incluso, medios de comunicación locales llegaron a divulgar un facsímil de un parte militar en donde se señalaba expresamente que la autorización había sido otorgada por el comandante en jefe, es decir, Lugo.

Sin embargo, el mandatario, que se encontraba en Brasil cuando el asunto tomó conocimiento público en su país, desmintió al militar apenas volvió a Asunción. “Expreso mi total rechazo y desaprobación al uso de unidad militar alguna para expresiones políticas sectarias”, señaló el jefe de Estado a través de un comunicado.

El campamento, que según sus organizadores reunió a unos 1000 paraguayos, 150 argentinos, 67 bolivianos, 9 brasileños y 3 uruguayos, se realizó en la sede de un Comando de Ingeniería. Según testigos, los participantes cubrieron el cuartel con afiches y fotos alusivos a partidos de izquierda y líderes internacionales de esa corriente, con lo cual habrían violado la Constitución paraguaya, que prohíbe expresamente las actividades políticas en unidades militares.

Por eso, el presidente Lugo mencionó explícitamente este hecho en su comunicado. “Considero inadmisible que en las instalaciones castrenses se exhiban estandartes y banderas pertenecientes a sectores políticos”, señaló.

De todas maneras, luego de que voceros del opositor Partido Colorado insinuaran que los hechos sucedidos en la unidad militar podían ser causa de un eventual juicio político al mandatario –al igual que lo hicieran cuando se reveló la paternidad no reconocida del ex obispo– y aprobasen una moción para cuestionar al presidente por los hechos, Lugo reformuló lo dicho. “No se trató de un congreso de tinte político, sino de un acto pluralista de diferentes grupos, partidos y movimientos sociales de la región”, sostuvo en un segundo comunicado.

Asimismo, el presidente también reconoció que el organismo público que controla la represa hidroeléctrica paraguayo-argentina Yacyretá aportó 98 millones de guaraníes (más de 19 mil dólares) para solventar la logística del congreso juvenil, argumentando que no existía ningún impedimento para que así lo hiciera.

No obstante, el director paraguayo de la hidroeléctrica, Carlos Cardozo, anunció ayer que repuso esos recursos de su sueldo personal, en medio de otras denuncias públicas en la prensa de Paraguay de otros presuntos malos manejos de fondos públicos.

A su turno, el senador del oficialista Alberto Grillán consideró que los ministros de Emergencia Nacional, Camilo Soares, y de la Juventud, Karina Rodríguez, quienes apoyaron el encuentro, deberían renunciar.