Desde Lima

Luego de la matanza de indígenas que protestaban contra la imposición de una serie de leyes para favorecer el ingreso de las transnacionales a la Amazonia, el gobierno de Alan García se enfrenta a su peor crisis desde el inicio de su gestión, en julio de 2006. La represión contra los nativos amazónicos ha despertado un amplio movimiento de solidaridad con los indígenas y de repudio al gobierno de García, que ayer se expresó en multitudinarias marchas de protesta en ciudades de todo el país. Organizaciones sociales, partidos políticos opositores, sindicatos, gremios agrarios y campesinos, estudiantes, maestros, intelectuales salieron ayer a las calles para marchar en contra del gobierno, en lo que ha sido el movimiento social más grande desde las protestas que precedieron la caída del régimen de Alberto Fujimori, en el año 2000. A las protestas internas se han sumado las condenas internacionales por la matanza de la Amazonia.

Unas treinta mil personas marcharon por las principales calles del centro de Lima, que había sido cercado por la policía. “Alan genocida”, “Alan asesino, igual que el chino (Fujimori)”, eran algunas de las consignas que se podían leer en los cartelones que llevaban los manifestantes. Las protestas se repitieron en las principales ciudades del país, casi sin excepción. En todas las marchas fue unánime la condena a la matanza de los indígenas y la exigencia de la renuncia del gabinete ministerial que preside Yehude Simon, quien en los últimos días se ha dedicado a tiempo completo a justificar la represión policial y a satanizar el movimiento indígena, que busca parar las intenciones del gobierno de privatizar la Amazonia, como parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando los manifestantes que marchaban pacíficamente por las calles de Lima se acercaron al Congreso, la policía los atacó con bombas lacrimógenas. La multitud retrocedió, pero no se dispersó. Poco después volvió a avanzar y la policía lanzó más gases lacrimógenos y arremetió con la policía montada. El enfrentamiento se prolongó por un largo rato.

En la selvática ciudad de Bagua, escenario de la matanza de indígenas y que ha sido militarizada, se ha prohibido la realización de marchas, por lo que los pobladores se reunieron en una misa en honor de los muertos que dejó la acción policial para despejar una vía el viernes pasado. En otras zonas de la Amazonia, los nativos mantenían bloqueadas las carreteras. Las protestas traspasaron las fronteras peruanas. En ciudades como Madrid, París, Bruselas, Quito y otras, manifestantes se congregaron frente a las embajadas peruanas para condenar la matanza de los indígenas.

El gobierno, más aislado que nunca, ha respondido a las protestas endureciendo un discurso confrontativo y polarizante y refugiándose en medidas que ajustan las tuercas del autoritarismo. Los principales voceros del gobierno, encabezados por el presidente García, han reaccionado satanizando a los indígenas y a quienes apoyan sus demandas, a los que ha acusado de “complotar contra la democracia” y de ser “antisistemas enemigos de la modernidad y el desarrollo”, y ha llamado a combatirlos. El gobierno insiste en culpar de la violencia a los indígenas, lo que ha exacerbado más los ánimos.

Mientras la policía reprimía a los miles de manifestantes que expresaban su solidaridad con los indígenas para evitar que lleguen al Congreso, dentro del hemiciclo parlamentario la mayoría oficialista, que incluyó al fujimorismo y a la derechista Unidad Nacional, imponía, sin debate y en pocos minutos, una sanción de 120 días de suspensión a siete congresistas del opositor Partido Nacionalista (PN), que el día anterior habían protestado tomando el recinto parlamentario contra la decisión del oficialismo de suspender en lugar de derogar las llamadas “leyes de la selva”. De esta manera, el gobierno deja fuera del Parlamento a una parte fundamental de la oposición parlamentaria. “Se ha sancionado principalmente a los congresistas vinculados con los sectores indígenas. Esta suspensión es un gran atropello a la democracia. Estamos ante una dictadura cívico-militar”, señaló Freddy Otárola, vocero de la bancada parlamentaria del PN.

Luego de la matanza de los indígenas ocurrida hace una semana y la respuesta del gobierno, que ha pretendido negar los hechos y apostar por un mayor autoritarismo, en el ambiente político comienza a imponerse la sensación de un peligroso deterioro de la democracia. “El gobierno está más debilitado que nunca y ha perdido legitimidad. Para salvarse, debe cambiar el actual gabinete, que debe estar con los minutos contados, e iniciar un proceso de diálogo con los indígenas y con otros sectores sociales, pero hasta ahora no está haciendo eso, sino todo lo contrario. Si el gobierno no cambia y se abre al diálogo, perderá aún más fuerza y legitimidad y su continuidad estará en serio riesgo. Espero que la fuerza de los hechos lo obligue a dialogar”, le señaló a Página/12 Carlos Reyna, politólogo y catedrático de la Universidad Católica.