Escudado en los efectos de la crisis financiera mundial, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decretó un fuerte ajuste de gastos en toda su gestión. El recorte atraviesa todos los ministerios, pero el impacto se producirá principalmente en las áreas sociales: se suspenderán servicios y caerán becas y subsidios a los sectores más necesitados. El fundamento oficial para la medida se justifica en la necesidad del “reordenamiento de las finanzas públicas” para “mantener los equilibrios necesarios” en las cuentas. Desde la oposición, hubo otras interpretaciones: “Macri está pagando su desmanejo financiero y el sobredimensionamiento del Estado que él mismo generó”, criticó Aníbal Ibarra. “Es el primer paso formal de un plan de ajuste que pretende esquivar a la Legislatura”, advirtió Martín Hourest.

El decreto 493/09 fue firmado el 4 de junio pasado, pero se conoció ayer con su publicación en el Boletín Oficial. Sus considerandos señalan que “es de público y notorio conocimiento la existencia de una crisis financiera de alcance mundial, cuya expansión se manifiesta en las más importantes urbes del planeta con distinto nivel de impacto, a tenor de circunstancias políticas y económicas propias de cada región”. Y sostienen que “en ese sentido, no es casual la existencia de una comprometida situación fiscal en la mayoría de las provincias argentinas”.

“En el referido contexto –apuntan los argumentos oficiales– se hace necesario adoptar políticas que permitan garantizar el reordenamiento de las finanzas públicas mediante instrumentos tendientes a mantener los equilibrios necesarios, al tiempo de asegurar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones salariales para con los agentes de este gobierno, así como los servicios esenciales en materia de salud, educación, acción social, medio ambiente e infraestructura.”

Con esos argumentos, Macri dispuso una serie de recortes y suspensiones:

- Se frena toda nueva contratación bajo los regímenes de locación de obra y de servicios.

- Los contratos de locación vigentes sólo pueden renovarse “por estrictas y justificadas razones de servicio”, es decir que la renovación de los contratados quedará pendiendo de un hilo más que fino.

- Se restringen los gastos en concepto de pasajes y viáticos para misiones oficiales.

- Se prohíbe la contratación de nuevas locaciones de inmuebles y quedan suspendidas las operaciones en trámite.

- Previo a proponer la expropiación de un bien inmueble, el organismo respectivo debe contar con el crédito necesario.

- Se bajan a la mitad las partidas destinadas a financiar la adquisición o leasing de bienes de capital.

- Queda prohibida la adquisición de cualquier tipo de vehículo.

- Se suspenden los fondos “con cargo de rendir cuenta de su inversión” y las llamadas cajas chicas.

- Se limita el otorgamiento de subvenciones y subsidios.

- Toda nueva alta de servicios públicos básicos (agua, energía, telefonía fija y móvil y gas) debe contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda.

- Se suspende la creación de cargos de estructura de cualquier nivel.

“Una lectura rápida del decreto puede llevar a pensar que se está frenando el gasto de la burocracia estatal, pero los funcionarios van a seguir teniendo la caja chica para salir a almorzar, los que no van a tener más plata son los responsables de comprarle un remedio de urgencia al chico de la calle que lo necesite”, advirtió un operador del área de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. “Esto va a paralizar la gestión del gobierno: no habrá más hojas, nada de fotocopias ni nafta ni autos, que no son los que usan los ministros sino los que necesitamos para trasladar a los pibes”, se quejó un colega.

Desde la oposición, Ibarra, legislador de Diálogo por Buenos Aires y candidato a diputado nacional, sostuvo que “esto es consecuencia de haber gobernado con déficit”. El ex jefe de Gobierno recordó que “después de la crisis de 2002 generamos un fondo anticíclico de 130 millones de dólares y 30 millones de euros. Ese fondo lo destruyó Telerman con el silencio y también la connivencia de Macri. Ahora dice que no tiene plata, pero lo que está haciendo es achicar lo que él mismo agrandó: gastó más de lo que tenía, pagó a empresas por obras que nunca se hicieron, como el subte, quiso endeudarse a tasas altísimas... La culpa no es de la crisis, es de Macri”.

Hourest, del bloque de Igualdad Social, consideró que se trata del “primer paso formal de un plan de ajuste”. “Estamos en el último mes de la ex abundancia, con una hipótesis de caída estruendosa de la recaudación, con una refinanciación pendiente de mil millones de pesos, es lógico que se llegue a esta situación –señaló–. Pero el recorte que hace Macri tiene que ver con la práctica ideológica de su gestión: no corta los subsidios a las grandes empresas, por ejemplo de la basura, o los grandes contratistas, ni las transferencias a la educación privada. Lo que hace es frenar obras, bajar el gasto social, hacer caer contratos de personal, no poner dinero para prestaciones sociales.” Hourest agregó que “si Macri estaba preocupado por reducir el gasto burocrático, debió de haberlo hecho cuando asumió, no un año y medio después. Lo republicano acá sería sincerar en la Legislatura la situación y rediscutir el Presupuesto. Lejos de eso, lo que Macri hace es un plan de ajuste que justamente pretende esquivar a la Legislatura”.