Dos organizaciones sociales le reclamaron ayer a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias que se pronuncien públicamente por la expulsión de sus filas de las empresas que utilizan mano de obra infantil. Manifestantes de la Fundación La Alameda y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentaron una nota, junto a una lista de 22 empresas rurales de la provincia de Mendoza en cuyas fincas se constató que niños, niñas y adolescentes desempeñan distintas tareas laborales y para las que pidieron la sanción patronal.

La presentación se hizo a partir de la investigación realizada por La Alameda en Mendoza, en la que, a través de cámaras ocultas y testimonios, se detectaron casos de trabajo infantil en tres empresas productoras de ajo, que terminaron denunciadas ante la Justicia. Las otras 19 firmas de la lista de infractoras surgen de las inspecciones realizadas este año por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, a las que se les labraron actas de infracción aunque no fueron denunciadas penalmente.

La nota con el reclamo fue recibida por el director ejecutivo de la Sociedad Rural, Marcelo Fielder, y la jefa de Relaciones Institucionales de la entidad, Cristina Manzano, quienes se comprometieron a dar una respuesta el 22 del corriente, después de que los dirigentes de la Mesa de Enlace regresen de la provincia de Formosa, donde participan de un encuentro.

“Desde 2002 integramos la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil y la Comisión Nacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, y el año pasado hicimos una fuerte campaña de afiches, videos y publicaciones”, dijo a Página/12 Cristina Manzano. “Además, cuando nos enteramos de un caso de trabajo infantil lo denunciamos.”

–Sin embargo, el trabajo infantil persiste y crece, pese a esos esfuerzos –observó Página/12.

–Es que algo invisible, cuesta mucho detectarlo. Es necesario que alguien lo denuncie porque en general son chicos que trabajan con sus padres. Además, se fomenta el desempleo porque cada chico que trabaja le saca el trabajo a un grande.

Esta suerte de naturalización del trabajo infantil –aceptada por familias, entidades empresarias y hasta por las autoridades– es lo que pretenden desestructurar las organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo. Por eso Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, les pidió a los dirigentes de la Sociedad Rural que “incorporen a la agenda de discusiones con el Gobierno la erradicación del trabajo infantil” y que “aporten soluciones en las unidades productivas donde trabajan familias, como la creación de unidades de recreación para que los niños no tengan que estar en las plantaciones”.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso de las Bodegas Chandon, en Mendoza, donde “desde hace tres años se pone en funcionamiento un centro recreativo para chicos 2 a 14 años, hijos de las familias trabajadores, y de esa manera se incrementó la productividad en un 30 por ciento”.

Desde la SRA, Mendoza citó una experiencia “en las provincias de Salta y jujuy, donde algunos productores de tabaco crearon guarderías para que los padres dejen a sus hijos”.

De lo que no habla autoridades ni empresarios es en cómo se cubren los ingresos familiares que dejan de percibirse cuando el niño abandona el trabajo y vuelve a la escuela.

La investigación sobre el trabajo de niños en plantaciones mendocinas se hizo en febrero. Militantes de La Alameda lograron ser reclutados para trabajar en la cosecha y el empaque de ajo, y mediante una cámara oculta registraron la presencia de niños en las fincas, trabajando de sol a sol, a la par de los adultos.

La organización presentó una denuncia penal ante la Justicia federal, que investiga el delito de trata de personas. Entre abril y mayo realizaron una nueva investigación y el material producido fue presentado ahora en el juzgado, como una ampliación de la denuncia. “Dos meses después, se siguen reclutando familias en una plaza pública, que se cargan en camiones y se llevan a las fincas, lo que demuestra la impunidad con que actúan estos productores”, advierte Vera. Las imágenes registradas en un video indican que el trabajo infantil no es tan invisible.

En la presentación realizada ayer ante la Rural (una de las integrantes de la Mesa de Enlace), La Alameda considera que “la entidad que reúne a los productores agropecuarios, que dice representarlos y que peticiona a las autoridades en nombre de los intereses del sector, debe ser anoticiada formalmente acerca de la existencia de formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas que son practicadas por productores de la provincia de Mendoza en perjuicio de los sectores más vulnerables”.

Por esa razón, solicita a la entidad empresaria que “se excluya de la Mesa de Enlace a los productores denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas”. Y reclama que “se incorpore a las conversaciones con las autoridades nacionales la eliminación de todas las formas contemporáneas de esclavitud y trabajo forzoso”.