Después de una noche llena de intrigas, rumores de golpe y llamadas misteriosas, la calma parecía haber vuelto a Honduras ayer. Las universidades y las cámaras empresariales, que habían anunciado huelga, cancelaron sus planes; los cientos de soldados que habían salido el jueves a las calles de Tegucigalpa, la capital, volvieron a sus cuarteles y el Congreso cerró su sesión extraordinaria, instalada de urgencia para enfrentar la crisis política. Pero el conflicto entre los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– por la consulta popular convocada por el presidente Manuel Zelaya para mañana seguía latente. El mandatario se calzó al hombro la consulta, que fue ilegalizada por la Corte Suprema y el Congreso nacional, y comenzó la distribución de las urnas, las boletas y las planillas del padrón en las escuelas de todo el país.

La consulta que impulsa el presidente Zelaya busca ganar legitimidad para reformar la Constitución. Sólo el Congreso nacional puede convocar a un referéndum con ese fin y ni siquiera la bancada oficialista del Partido Liberal apoya la idea. “Nos acusan de buscar la reelección presidencial porque les conviene no discutir temas de fondo como una reforma al sistema electoral o al sistema de partidos”, explicó a este diario Marvin Ponce, diputado de Unificación Democrática, la única fuerza de izquierda en el Congreso. Alejado de sus tradicionales aliados, el mandatario hondureño lanzó una idea alternativa: llamar a una consulta que demuestre la voluntad popular de reformar la Constitución y presionar al Congreso.

Ayer, bomberos, policías, voluntarios de los comités vecinales, indígenas y miembros de los sindicatos de izquierda se acercaron a la Casa de Gobierno desde temprano para cargar las quince mil urnas y las cajas con las boletas y las planillas. Normalmente ese trabajo lo hacen los militares, pero las fuerzas armadas y el gobierno sufrieron un quiebre esta semana del que no será fácil volver, al menos no antes de la consulta de mañana. El miércoles a la noche el jefe del Comando Conjunto, el general Romeo Vázquez, le informó a Zelaya que sus hombres no participarían de unos comicios que fueron declarados ilegales por la máxima Corte del país. Su destitución del cargo fue inmediata y la crisis se desató al día siguiente.

Primero renunciaron el ministro de Defensa y toda la cúpula militar y después las máximas cortes del país desautorizaron al presidente Zelaya y le ordenaron restituir al jefe de las fuerzas armadas. Por último, a última hora de la noche, el Congreso empezó a debatir la posibilidad de destituir al presidente hondureño y reemplazarlo con el presidente del Congreso y su némesis en el oficialismo, Roberto Micheletti. “No fue un debate; fue una intentona de golpe de Estado por parte del Congreso”, denunció Ponce, quien participó de la sesión. Según relató, de los 128 diputados que tiene el Congreso unicameral sólo los cinco de su bancada respaldaron al mandatario ayer a la madrugada.

Ponce y sus compañeros aún no entienden bien qué sucedió. “Estaban decididos a declarar inhabilitado al presidente, pero recibieron llamadas de no sé quién y desistieron”, explicó su colega, Doris Gutiérrez. Los diputados finalmente crearon una comisión para decidir si está habilitado para continuar al frente del país, pero no le pusieron plazo. Al salir de la sesión, el mismo presidente del Congreso reconoció lo que había pasado. “Hemos hecho los esfuerzos para no romper el orden constitucional y evitar un golpe de Estado”, dijo Micheletti.

Los medios hondureños casi no dieron detalles de la sesión y los principales diarios del país ni siquiera le dedicaron el primer titular a la intentona golpista. La noticia del día de los hondureños fue la muerte sorpresiva del eterno rey del pop, Michael Jackson.

En medio de la incertidumbre, los hondureños se preparan para votar mañana en una consulta que no contará con fiscales de la oposición ni observadores extranjeros. La ONU ya adelantó que no tiene pensado mandar a ningún funcionario y anoche la OEA aprobó una resolución para enviar una delegación al país centroamericano y analizar la situación política.

En Washington, el embajador hondureño ante la OEA, Carlos Sosa, les garantizó a los vecinos que el presidente Zelaya no tiene intenciones de cancelar las elecciones generales de noviembre próximo y perpetuarse en el cargo, como denuncia la oposición. Ponce coincidió. “Nos prometió que va a dejar el poder, pero antes quiere dejar las bases de cambio para el país”, explicó el diputado. Durante sus tres años y medio de gobierno Zelaya elevó el salario mínimo, tomó el control de la importación y distribución de los combustibles –a través de Petroecuador, la alianza energética regional de Hugo Chávez– y salió en defensa de las minorías indígenas. Cambios que la oposición quiere fuera de la Carta Magna.