Desde Santa Cruz

Luis Arce Gómez, ministro del Interior, Migraciones y Justicia durante la dictadura del general Luis García Meza, fue ayer repatriado a Bolivia. Desde 1989 estaba preso en Estados Unidos por integrar una red que ingresaba cocaína a ese país. De ahí su apodo de “ministro de la cocaína”. En el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, empezó a cumplir la condena de 30 años por delitos cometidos entre 1980 y 1981, lo que duró el gobierno de terror de García Meza. El ex ministro es autor de la máxima “los bolivianos que comploten deben andar con el testamento bajo el brazo”, dicha en conferencia de prensa. El gobierno nacional pidió a EE.UU. la expulsión de otros acusados por crímenes de lesa humanidad, como el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros, refugiados allí desde 2003, cuando concretaron la masacre de la llamada Guerra del Gas.

El anciano achacoso que bajó del avión de American Airlines custodiado por agentes del FBI es la sombra del militar vehemente en la eliminación de opositores a su gobierno. Apenas tocó suelo natal lo sentaron en silla de ruedas y pidió oxígeno, desacostumbrado a los 3800 metros de La Paz. La barba blanca como todos sus pelos acentuaba el aspecto inofensivo de enfermo de diabetes y cáncer de próstata. Por su mala salud, Arce Gómez solicitaba a la Justicia de EE.UU. que lo dejaran permanecer en ese país. Sostenía que en Bolivia no podría tener atención médica adecuada y que, además, sería torturado por el gobierno de Evo Morales.

Bolivia reclamaba su presencia desde 1993, cuando la Corte Suprema lo condenó a él, a su jefe García Meza y a otros militares por los crímenes cometidos por su gobierno. Pero, en ese momento, el ex ministro cumplía otra pena, también de 30 años, en una cárcel de Miami por narcotráfico. En esa actividad se habría iniciado en 1974, amparado en su cercanía con los gobiernos militares de turno. Está preso desde diciembre de 1989, cuando el ejército se metió en su mansión de Santa Cruz para interrumpir el asado que hacía a la familia. En pantuflas y pantalón corto, el entonces presidente Jaime Paz Zamora lo mandó a EE.UU. para que respondiera ante su Justicia.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo ayer que “ese trámite se hizo violando la normativa nacional y omitiendo el hecho de que esta persona, Luis Arce Gómez, tenía que rendir cuenta de sus crímenes ante la Justicia boliviana”. El ex ministro quedó libre el año pasado, luego de cumplida media condena.

Con la vuelta a sus pagos del ex coronel, el gobierno nacional espera aclarar los asesinatos de decenas de personas. Entre otros, del diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y del sindicalista Juan Carlos Flores Bedregal, acribillados por paramilitares durante el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) el 17 de julio de 1980, día del golpe de García Meza. Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), en 13 meses la dictadura asesinó a 500 personas.

En 1992, Arce Gómez dio una entrevista al periódico Ultima Hora desde la cárcel de Fort Lauderdale. En la ocasión dijo que “yo no he matado a nadie en mi vida. A Marcelo Quiroga Santa Cruz yo sé quién lo mató, yo sé absolutamente todo, por qué lo mataron, quién lo mató”. Y sostuvo que daría ese dato si estuviera en Bolivia.

Ayer, en conferencia de prensa, el presidente expresó que “ojalá por razones humanitarias pueda dar informaciones sobre el paradero de Marcelo Quiroga. Arce Gómez, como jefe de grupos paramilitares, sabe dónde está, qué pasó con el cuerpo”. Desde el Congreso, Quiroga Santa Cruz había impulsado un juicio por responsabilidades contra el ex dictador (1971-1978) Hugo Banzer. Los militares cobraron tanta osadía.

En Chonchocoro el ex coronel encontrará al ex dictador García Meza, preso desde 1993 por la misma causa. Quizá copie su rutina de pasar la mitad del tiempo en la celda y la otra mitad en el hospital. El lunes que viene, Arce Gómez oirá de la Justicia la sentencia efectuada en 1993.

La expulsión del represor es parte del diálogo que iniciaron Bolivia y EE.UU. para arreglar relaciones, afectadas desde septiembre de 2008, cuando Morales expulsó al embajador Philip Goldberg por sus vínculos con grupos separatistas del oriente boliviano. Ahora Morales exige el regreso de otros acusados por delitos de lesa humanidad refugiados en EE.UU., como Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de Hidrocarburos Jorge Berindoague y de Agricultura Guido Ñáñez. “Siento que no hay una razón legal internacional para evitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Eso demuestra la llegada de Luis Arce Gómez”, dijo ayer.