Viernes, 10 de julio de 2009 | Hoy
SOCIEDAD › OPINION
Por Javier Auyero *
Desde Quito, Ecuador.
Cuando Rodrigo Nahuel regresó desde sus vacaciones en República Dominicana a Quito con síntomas de influenza A, las autoridades sanitarias ecuatorianas (alertadas por el médico personal de Rodrigo) reaccionaron con rapidez. Internaron a Rodrigo en el hospital público Eugenio Espejo durante siete días en los que sólo recibió la visita de médicos y enfermeras, quienes le suministraron de forma gratuita Tamiflu. Al mismo tiempo, aislaron en sus casas a todos los miembros de su familia que había tenido contacto con él y con sus compañeros desde su arribo al aeropuerto Mariscal Sucre. Elena, la madre de Rodrigo Nahuel, me cuenta que durante 15 días no salieron de sus casas ni recibieron visitas –autoridades del ministerio se comunicaban con ellos (y con las otras decenas de familias) por correo electrónico y teléfono; médicos del ministerio los visitaron diariamente–. Durante la última semana, se registraron casos aislados de gripe porcina en Guayaquil a los que el gobierno federal y los gobiernos locales respondieron con igual premura. Hoy, los habitantes de Quito recorren los espacios públicos (abiertos y cerrados) igual que a diario. Sin grandes declamaciones, las acciones del gobierno del Ecuador nos recuerdan, casi al pasar, que la salud pública es una cuestión de Estado.
La reacción del gobierno del Ecuador, un país más pobre, menos desarrollado que el nuestro, merece atención porque devela la desidia de las autoridades federales y provinciales en Argentina. Una desidia sobre la que llamamos la atención cuando examinamos el caso de Villa Inflamable. Allí, frente al sufrimiento masivo producto del asalto tóxico que viven sus habitantes, los gobiernos (pasados y presentes) no hicieron más que acusarse mutuamente, anunciando erradicaciones (del barrio y/o del polo petroquímico que los circunda) que nunca se cumplieron, efectivamente desentendiéndose del problema que sigue amenazando y afectando a miles de ciudadanos.
Según informaron los diarios en las ediciones de internet la semana pasada, las autoridades sanitarias se tomarían ese fin de semana para decidir si profundizan las medidas contra la epidemia. Nada se nos dice sobre el significado de esa “profundización”. Mientras tanto, escuchamos a los gobernantes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que recomiendan a la ciudadanía tomar medidas de prevención –nunca reconociendo su absoluta inoperancia desde que, hace ya más de dos meses, se registraron los primeros casos de gripe–. Ya se sabe, gobierno y oposición (que es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, valga recordarlo) estaban en campaña y este tema podía esperar. En el camino, sufrió y murió mucha gente.
Quizás exagero. Pero cuando escucho las recomendaciones de los especialistas y autoridades, y las contrasto con lo que estamos observando en una investigación en curso sobre las condiciones de vida de los niños del Gran Buenos Aires, me pregunto cómo es posible que estos niños y niñas sigan los paternales consejos estatales y se laven las manos a cada hora cuando en sus escuelas (al menos, en las escuelas de Cuartel Noveno que estamos estudiando) no hay agua, ni gas para hervirla, y los platos (de plástico) en los que comen sus meriendas están con restos de la (pésima) comida del día anterior.
Quizás exagero, quizá sean los efectos de estar lejos del país y de observar cómo en otros lados se hace política pública y se toman medidas frente a una epidemia, pero creo que nos están tomando el pelo también cuando nos informan, como lo hizo Rodríguez Larreta, tan cándidamente y con ese tono tan suyo, que la gripe “si se toma a tiempo, no es tan grave”. Vale la pena detenerse en la primera parte de la frase: “Si se toma a tiempo”. Ese “tomar a tiempo” no es, frente a una epidemia, responsabilidad individual, sino que fue y es responsabilidad de los estados. ¿Qué estaban haciendo las autoridades sanitarias de la ciudad y de la provincia para “tomar a tiempo” al virus?
El ejemplo del Ecuador nos demuestra que sí se puede actuar frente al virus y que es una vergüenza pretender lavarse las manos recomendándole a la ciudadanía que se lave las suyas.
Maddoff acaba de ser condenado a 150 años de prisión por llevar a cabo un “Ponzi scheme” –en honor a Ponzi, quien inventó tamaño fraude hace ya muchos años–. No soy de hacer predicciones, pero aquí me animaré: nadie será acusado de esta “Gran Poncio Pilatos” en la que participan nuestras autoridades. Aunque quizás algún juez en busca de publicidad haga alguna acusación fulgurante que quedará pronto en la nada.
* Profesor de Sociología de la Universidad de Texas y autor, junto a Débora Swistun, de Inflamable. Estudio del Sufrimiento Ambiental.
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