El ejército chileno paga sueldos a varios represores, algunos de ellos procesados, según reveló el diario La Nación de Santiago. Ayer el ministro de Defensa, Francisco Vidal, dijo que su cartera ordenó un estudio detallado para esta semana a fin de conocer cuáles son los militares procesados que reciben un sueldo de hasta 2200 dólares mensuales por honorarios de la institución castrense.

La lista de funcionarios contratados incluye los nombres de ex agentes de la policía secreta, de un médico que torturó a prisioneros y de un ex fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria, secuestrado y asesinado en 1976, de acuerdo con el periódico chileno.

Uno de ellos es el coronel retirado Hugo “Cacho” Acevedo, que tiene un contrato por honorarios de 751.259 pesos mensuales (1365 dólares) por “asesoría para administración del predio militar Casa Viejas de Chena”.

En una audiencia ante el juez Alejandro Madrid, Acevedo admitió que perteneció a una brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen, y que fue parte de la seguridad personal del dictador Augusto Pinochet, fallecido en 2006.

En la lista también figura el coronel retirado Sergio Castillo González, que actualmente recibe 1.205.298 pesos (2191 dólares) al mes por “asesorar al desarrollo del proyecto de estructura de carrera profesional”. En diciembre de 2005, González reconoció ante un juez que fue agente de la DINA, y en mayo de 2008 fue procesado como uno de los autores de los secuestros y desapariciones en 1974 de tres militantes de izquierda que fueron víctimas de la llamada Operación Colombo.

Alfredo Iturraga Neumann, que declaró ante el juez que había pertenecido a la policía secreta, percibe cada mes 700.000 pesos (1272 dólares) como “asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre”, según la investigación del matutino.

El ministro de Defensa, Francisco Vidal, afirmó ayer que desde hace un mes mantiene conversaciones con el comandante en jefe del ejército, general Oscar Izurieta, sobre la colaboración de ex uniformados implicados en violaciones de los derechos humanos con la institución castrense. El ministro aseguró que se elaborará un documento esta semana y tras la revisión de su contenido el gobierno tomará las medidas que considere correspondan.

Sin embargo, el ministro intentó bajarle el tono al asunto al advertir que el hecho de que ex agentes de la DINA estén contratados por el ejército “no es ilegal”, aunque reconoció que puede resultar “impresentable” para los familiares de detenidos-desaparecidos.

La investigación periodística provocó el inmediato rechazo de las asociaciones de derechos humanos y de algunos diputados oficialistas de la Concertación, la coalición que hoy encabeza Michelle Bachelet y que gobierna el país desde el final de la dictadura.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que si el pago de sueldo por honorarios a ex represores era conocido por el Ejecutivo chileno evidenciaría que “sigue amparando la impunidad”. “Si el gobierno no lo sabía viene otra situación igualmente grave que la anterior: ¿Quién manda en este país? El ejército, las Fuerzas Armadas tienen tal autonomía que siguen siendo un poder tras el poder real”, afirmó Pizarro a Radio Cooperativa. La presidenta de la corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, Margarita Romero, también repudió la actitud castrense. “El ejército no ha dado muestras todavía de querer cooperar en la verdad de las desapariciones y crímenes cometidos por la dictadura”, dijo.

En tanto, la diputada del Partido Socialista Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende, aseguró que la situación que se develó es “casi un insulto para los familiares de la víctimas, por lo tanto el Ejecutivo deber aclarar esto”. “El ejército debe ser bastante más cuidadoso, ya que es una institución de los chilenos”, agregó Allende.