El primer fallo por acoso laboral dentro de la Justicia terminó con la carrera del fiscal 46 porteño Claudio Soca y con las angustias de cuatro de sus empleadas en la fiscalía. Un jury dispuesto por la Procuración General de la Nación dio por probados los cargos presentados y dispuso la sanción de la destitución. El ex fiscal ahora deberá enfrentar el proceso penal que ya se le había iniciado como investigación. Otros tres subordinados de Soca fueron denunciados por falso testimonio ante la Justicia penal y otros cinco serán investigados por notorias incoherencias en sus declaraciones. En sus diez años como fiscal, Soca había hecho pública su rigurosa observancia de las reglas de la moral y las buenas costumbres: en 2004 pidió y logró detener (no alcanza sólo con un fiscal) a 15 manifestantes de la movilización contra el Código Contravencional, frente a la Legislatura, quienes pasaron 14 meses en Devoto y Ezeiza antes de que un tribunal decidiera que no debían haber pasado ni un día detenidos.

En 2005, una de las empleadas de la fiscalía, Alejandra Soldano, presentaba una denuncia ante el secretario del Ministerio Público de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Víctor Dellarosa. La denuncia versaba sobre acoso laboral y sexual y apuntaba contra el titular de la fiscalía, el riguroso Soca. “No le daba licencia para casarse, no la autorizaba –dijo Dellarosa a Página/12–. Empezamos a investigar, a buscar testigos. Fue muy difícil, porque tenían mucho miedo. Porque es muy fácil ir a denunciar al gremio, pero después tenían que volver al trabajo y bancarse las presiones. Fuimos a la fiscalía, hablamos con los empleados. Eran situaciones que pasaban delante de todos, con lo que algunos de los compañeros las dejaron solas a las mujeres porque tuvieron miedo o miraron para otro lado.”

A medida que la UEJN curioseaba entre tanta rigurosidad fiscal, empezaron a aparecer otros casos. Así, se fueron agregando Natalié Heleou, Samanta Fabiani y Mercedes Porta. Las denuncias versaban entre las imposiciones laborales, hasta absurdos como prohibir al resto de los empleados que les hablaran o espiar e inmiscuirse en lo que decían.

En marzo de este año, finalmente, la Procuración ordenó suspenderlo en sus funciones. A partir de allí, se iniciaron los pasos para el jury que, en caso de defensores y fiscales, se realiza ante la Procuración General. El juicio se inició el 2 de junio pasado y no se interrumpió incluso con el receso por la pandemia. El Tribunal de Enjuiciamiento estuvo integrado por Carlos Cruz, presidente; Omar Basail, vice, y los vocales Juan Gauna, Arístices Corti, Ilse Krauss de Manigot, Claudio Armando y Germán Wiens Pinto.

Ayer se cumplió la última parte del juicio. El tribunal consideró como prueba que Soca solía impedir a los empleados de la fiscalía conversar entre ellos; los espiaba y luego del diálogo entre las personas, llamaba a los involucrados en la charla y preguntaba cuál había sido el motivo del intercambio. También que una persona informó que a un empleado varón Soca le ordenó que permaneciera en una de las habitaciones del tribunal mirando hacia la pared, como prueba del terror que provocaba el mano dura. Dellarosa también agregó que su “arbitrariedad no se limitaba a su fiscalía, sino que lo hacía también cuando subrogaba otras”.

El fallo del tribunal dio por probadas las acusaciones y ordenó la destitución del fiscal. La cuestión no termina allí. Los jueces ordenaron investigar por falso testimonio a un prosecretario, un empleado y una empleada y ordenaron una investigación administrativa sobre otros cuatro. Respecto del ex fiscal, la causa sigue, en la Justicia penal, donde se investiga penalmente la denuncia.

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