El Poder Ejecutivo ya redactó el veto a dos artículos de la ley que creó el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de la Emergencia Agropecuaria y a todos los beneficios particulares de siete emergencias provinciales sancionadas por el Senado el pasado 20 de agosto. Estos vetos parciales se suman a la observación del artículo cuarto de la emergencia para la provincia de Buenos Aires que eximía del pago de retenciones a 22 distritos y que fue el disparador del nuevo lockout campestre, que supuestamente finalizará el viernes. Página/12 tuvo acceso a los decretos 1142 y 1144 fechados el pasado 27 de agosto y remitidos ayer al Congreso, aunque todavía no fueron publicados en el Boletín Oficial. Según los argumentos del Ejecutivo, las diferentes leyes de emergencia otorgaban beneficios dispares a cada provincias –entre ellos, el diferimiento en el pago de impuestos, autorización para otorgar créditos blandos y aportes del Tesoro Nacional– que no se ajustaban a la ley marco. Incluso, los decretos señalan que las observaciones se realizan para no generar diferencias entre las diferentes jurisdicciones.

De los considerandos de los decretos 1142 y 1144 se desprende que la sanción de estas leyes no fue producto de un “error inducido” por la oposición, como había argumentado el Ejecutivo en el caso de la provincia de Buenos Aires, la semana pasada, sino la consecuencia de una desprolijidad parlamentaria por parte del propio bloque K. Sin embargo, tanto la ley marco como las leyes particulares ahora vetadas parcialmente fueron producto de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, que permitió sancionar todas las iniciativas por unanimidad.

Si fue una desprolijidad, pasó tanto el filtro de Diputados como de la Cámara alta. Un senador K con acceso al despacho presidencial afirmó a este diario que todas las iniciativas votadas en Diputados en la sesión del 5 de agosto fueron parte de un acuerdo para garantizar el quórum en el tratamiento de las facultades delegadas. Sin embargo, desde Diputados insistieron con la teoría del error. “Ya no caben las responsabilidades individuales. Es enorme el costo político que le hemos causado al Gobierno”, reconocieron a Página/12 desde la conducción del bloque K en la Cámara baja.

El Gobierno anticipó al Congreso el veto del artículo 17 de la ley de Emergencia Agropecuaria 26.509, que establecía que las partidas no utilizadas del fondo de 500 millones de pesos podrían utilizarse en el ejercicio siguiente para financiar el sistema de prevención. Según el Ejecutivo, los 500 millones salen de rentas generales, por lo que “no corresponde que se afecten al ejercicio siguiente”. El otro artículo observado de la ley marco es el 22, que habilitaba al Banco Central a asistir financieramente a las instituciones oficiales que lo requieran. Para el Gobierno, ese artículo violaría la Carta Orgánica del Central.

Por su parte, el decreto 1142 vetará todos los beneficios particulares para siete provincias (Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Salta, Neuquén y Santiago del Estero). Según el Gobierno, las normativas sancionadas por unanimidad otorgan “distintos y diversos beneficios a los productores agropecuarios” y se incluyen referencias a fondos específicos que “no se hallan en plena coherencia con el Proyecto de Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres”.

En la Comisión de Agricultura se había acordado aprobar estas iniciativas sin la asignación de partidas específicas. Todos los montos que aparecían en las siete normativas adicionales a la ley de emergencia marco habían sido quitados antes de la votación en Diputados. Ese fue el acuerdo parlamentario entre el oficialismo y la oposición. “El tema de las retenciones fue una avivada de la oposición, pero en el resto de las leyes estuvo todo acordado”, señaló a este diario un legislador del bloque K.

Sin embargo, para el Ejecutivo todas esas leyes anexas estuvieron mal redactadas. Por ejemplo, se sancionaron dos normativas para la provincia de Santa Fe y en otras se suspendían los juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias, refinanciación de deudas ante el Banco Nación y todo un abanico de beneficios. “La finalidad es conceder los mismos privilegios de la ley marco a todas las provincias por igual y dejar sin efecto las previsiones particulares que se establecen”, puede leerse en el texto del decreto 1142.

Según el Ejecutivo, el veto no pretende “reparar la técnica legislativa no observada o simplemente dejada de lado”, sino que se trataría de un veto para darle a los productores una “respuesta seria y previsible”.

La conducción del bloque K se enteró de todos estos cuestionamientos el viernes pasado. Sin embargo, ya preveían desde el martes, cuando se vetó el artículo cuarto de la emergencia para la provincia de Buenos Aires, que algo así sucedería. “Estaba todo mal redactado”, fue la versión que dieron ayer a la noche a este diario desde la conducción del bloque K. Según la fuente consultada, “nadie leyó los proyectos”, a pesar de que en las versiones taquigráficas de la Comisión de Agricultura figuran varias referencias a las iniciativas en cuestión.

El próximo jueves se reunirá la comisión bicameral encargada de la revisión de los DNU y los vetos presidenciales. En el orden del día figura sólo el veto parcial de la emergencia para la provincia de Buenos Aires, aunque desde el bloque K suponen que deberían tratarse todos los vetos juntos, si es que antes se publican en el Boletín Oficial.