A diez años de la tragedia y cuando la audiencia lleva más de un año y medio de iniciada, el juicio oral y público por el accidente del vuelo 3142 de LAPA ingresó en una inesperada zona de turbulencia. El jueves de la semana pasada, la jueza María Cristina Sanmartino, integrante del Tribunal Oral Federal 4 que tiene a su cargo el proceso, presentó su renuncia al cargo a partir del 1º de octubre próximo. Si la dimisión fuera aceptada por el Poder Ejecutivo en los términos en los que fue planteada, el tribunal se quedaría sin uno de sus miembros justo en el momento en que empieza la etapa final de alegatos previos a la sentencia, instancia prevista para el mes de noviembre próximo. Hoy, los abogados querellantes presentarán un recurso de amparo y le pedirán al Ejecutivo que acepte la renuncia, pero recién a partir de la finalización del juicio oral por el caso LAPA. Otra posibilidad sería que la jueza Sanmartino fuera reemplazada por el cuarto juez, César Lemos, que ha venido siguiendo día a día la audiencia, pero esa alternativa es rechazada por los familiares de las víctimas.

Ayer, al conocerse la noticia sobre la renuncia de Sanmartino, los abogados querellantes y los defensores de los seis directivos de LAPA imputados en el juicio trataron de convencer a la jueza para que demore su retiro hasta fin de año, pero ella les dijo que su decisión era “indeclinable”. Por lo demás, la jueza sostuvo que no hay peligro de que el juicio tenga que anularse, porque ella puede ser reemplazada por el cuarto juez, César Lemos, que se incorporó al juicio desde el primer día de audiencia, por aplicación de una reforma en el Código de Procedimiento. Esto, según la jueza, otorga todas las garantías tanto a la defensa en juicio de los imputados como a los derechos de los querellantes.

“El tema es materia de discusión porque el artículo 365 del Código Procesal Penal (en su inciso cuarto) contempla la incorporación del cuarto juez para reemplazar a alguno de los titulares, pero sólo en caso de enfermedad o de incapacidad, pero no en un caso de renuncia”, aclaró a Página/12 Hugo Wortman Joffré, quien representa a los familiares de las víctimas. “Acá todo depende del Ejecutivo que, a nuestro criterio, no le tiene que admitir la renuncia, porque además quedan unos pocos días para que termine el juicio. Esto tiene que ver con el servicio de justicia y lo que debe hacer el Ministerio (de Justicia y Seguridad) es aceptarle la renuncia, pero que tenga vigencia recién cuando termine el juicio por el accidente del avión de LAPA”, ocurrido el 31 de agosto de 1999.

El abogado querellante confirmó que tiene “instrucciones de las víctimas de pedirle al Ejecutivo que demore la renuncia hasta que se defina el juicio y al mismo tiempo mañana (por hoy) vamos a presentar un recurso de amparo.” Ayer se decía, en fuentes allegadas al proceso, que al margen del planteo judicial, se especula que el Poder Ejecutivo podría demorar la aceptación de la renuncia hasta que concluya el juicio por el accidente en el que murieron 65 personas y otras 36 sufrieron heridas que, en algunos casos, fueron gravísimas.

La semana anterior, el cineasta y ex piloto de LAPA Enrique Piñeyro fue el último de los testigos en declarar en el largo proceso, y a mediados de septiembre comenzarán los alegatos de las partes: primero la fiscalía, luego la querella y finalmente las defensas. Los imputados en el juicio son los ex directivos de LAPA Gustavo Deustch, Ronaldo Boyd, Fabián Chionetti, Valerio Diehl, Gabriel Borsani y Nora Arzeno. También están imputados dos ex funcionarios de la Fuerza Aérea: Diego Lentino, ex director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y Damián Peterson, ex director de Habilitaciones Aeronáuticas.

El Tribunal Oral Federal 4 está integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y María Cristina Sanmartino. La fecha prevista para el final de los alegatos es el 1º de noviembre. Luego vendrán las réplicas, las dúplicas y las últimas palabras de los imputados. Entonces el tribunal entrará en receso hasta llegar a la lectura de la sentencia. La fiscalía quiere acusar a los directivos de LAPA por estrago doloso y a los miembros de la Fuerza Aérea por incumplimiento de los deberes de funcionario público.