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“El día en que se legalice la droga, el conflicto desaparece en un minuto”, dijo ayer Fernando Londoño, ministro de Justicia y del Interior colombiano. En una conferencia de prensa, el ministro colombiano se despachó sobre varios temas, pero estas palabras sobre la legalización de la droga sorprendieron a los periodistas presentes, tratándose, como se trata, de uno de las principales figuras del gobierno más alineado con Estados Unidos en Latinoamérica, como el de Colombia. El funcionario también admitió que su gobierno está buscando una posibilidad de diálogo con los grupos paramilitares. Hasta ahora, ningún gobierno colombiano había aceptado dialogar con grupos armados de derecha.
Fernando Londoño explicó que el narcotráfico colombiano “es el único conflicto de la Guerra Fría que se ha prolongado simplemente porque se enlaza con la enorme financiación de este negocio”. Según Londoño, la guerrilla continúa por los “cinco o 10.000 millones de dólares al año que produce el narcotráfico” y que la solución al conflicto armado es “legalizar las drogas ilegales”. Sin embargo, aclaró que, si Colombia quiere “seguir viviendo dentro de un orden social global”, no podrá tomar esa decisión. “Si tuviéramos una cocaína y una heroína para consumo interno, examinaríamos qué es lo que nos conviene”, indicó el funcionario. Pero agregó que, mientras el mundo crea que a “esos productos hay que combatirlos porque su existencia en el mercado compromete la estabilidad de la sociedad”, Colombia no tiene alternativa. O se combate la droga “ferozmente” o se negocia “con ellos para que destruyan el negocio”, indicó.
Hace unos días, la revista colombiana Semana señaló que varios líderes del grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían reunido con cinco obispos y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Ayer, el ministro Londoño admitió los contactos entre el gobierno y los paramilitares para lograr un acuerdo de paz. Este reconocimiento marca un cambio radical en el enfoque que el gobierno colombiano tiene frente al conflicto armado y sería el primer paso para desactivarlo. Para facilitar los contactos con estos grupos, el gobierno colombiano pretende modificar una polémica ley que obliga a otorgar status político a un grupo armado antes de poder entablar negociaciones. Para Ana Teresa Bernal, presidenta de la organización no gubernamental Redepaz, no se puede poner en pie de igualdad a la guerrilla, que combate al Estado y a los paramilitares, a los que considera perpetradores de delitos de lesa humanidad. Pero Londoño justificó los acercamientos con los paramilitares: “Estamos hablando de una posibilidad de diálogo. Se dialoga con los que están amenazando a la sociedad colombiana con un fusil al hombro. Y no hacemos esos distingos y esas sutilezas”, indicó.
La posibilidad de negociar con los paramilitares siempre fue rechazada por la guerrilla de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero la noticia de las negociaciones con la derecha armada fue bien recibida en el país, incluso en sectores de la izquierda. “Si se quieren diálogos de paz, es preciso que las Autodefensas sean llamadas a dialogar”, afirmó el senador de izquierda Carlos Gaviria. Y agregó que sería ciego “negar que las AUC constituyen un actor de conflicto”. Pero aunque haya buenas conversaciones con los paramilitares, los analistas advierten sobre los problemas prácticos para negociar con ellos y el impacto que este diálogo tendría en la guerrilla de las FARC. En los últimos meses, hubo una división entre los grupos paramilitares, así que las negociaciones podrían llevarse a cabo sólo con una parte de las AUC. “Las posibilidades de éxito son todas, pero con la mitad de las AUC. La otra va a continuar en la delincuencia”, indicó el analista Fernando Giraldo. De todos modos, precisó que “una negociación con la Autodefensas le servirá al gobierno para presionar a las FARC”. Hasta el momento, el gobierno ha concentrado sus acercamientos en las FARC. Busca un acuerdo que permita la liberación de cientos de secuestrados que se encuentran en poder de la guerrilla. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los paramilitares, la posibilidad de un acuerdo con la guerrilla se ve muy lejana.