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Aunque el Gobierno insistió en descartar la posibilidad de un acto intencional para forzar un aumento en las tarifas, ayer diputados, asociaciones de consumidores y el defensor del Pueblo reclamaron investigaciones para establecer si hubo sabotaje en el gigantesco apagón del domingo. De hecho, la suspicacia anidó en el mismo Gobierno: el secretario de Energía, Enrique Devoto, admitió a Página/12 que existen “varias dudas sobre el porqué de los inconvenientes técnicos que provocaron el corte”, cuya responsabilidad fue asumida por la empresa Transener, transportadora mayorista de energía. Devoto, quien ayer ordenó una inspección en la subestación Ezeiza cuyos resultados se conocerán hoy, precisó que el problema lo causó “la explosión de un descargador de tensión, lo que en sí mismo es un problema previsible, relativamente sencillo y de bajo costo”. Según Devoto, las dudas están dadas a partir “de la falla que se registró a continuación en el sistema de protección; es común que explote un descargador de tensión, pero si funcionan los equipos de protección no se produce el corte y nadie se entera de lo ocurrido. Y si se produce es mucho menor a lo que ocurrió el domingo”.
Otro de los hechos curiosos, según reconoció Devoto en su diálogo con este diario, es que “antes del estallido del descargador no hubo ningún indicio que señalara que había una sobrecarga de tensión”, elemento que también deberá ser desentrañado por la inspección que ayer iniciaron dos ingenieros del Ente Regulador de Energía (Enre), por mandato del propio titular de la cartera de Energía. Los expertos del Enre tienen la misión de realizar una inspección preliminar, ya que después –tal como lo señalan los términos de la concesión del servicio– tendrá que elevarse un informe completo realizado por una auditoría privada.
Devoto dijo que también hay interrogantes por el alcance que tuvo el corte de energía, que afectó a unos 13 millones de personas. El problema se produjo en un transformador, pero luego se trasladó a otros dos, hasta provocar una caída de la energía del orden de los 4000 megawatts. Según el secretario de Energía, lo esperable del problema ocurrido con el “descargador de tensión” que explotó en el transformador “2 fase R” de la subestación de Ezeiza era un corte equiparable “a mucho menos de un tercio de lo que realmente ocurrió”. Devoto insistió en lo “previsible, sencillo y poco costoso” del problema ocurrido. Como ejemplo citó que el descargador de tensión “tiene un costo de 15.000 dólares; de hecho, la empresa tenía el repuesto, que es lo que corresponde y lo que confirma que es un problema totalmente previsible”.
Ayer, los directivos de Transener visitaron al secretario de Energía, le dieron sus excusas y prometieron para “las próximas horas” un informe detallado sobre lo ocurrido. “En la pericia, Transener averiguará las causas de la explosión del descargador y también por qué no funcionaron los equipos de protección previstos para que ante situaciones como la ocurrida no fueran afectados los transformadores”, reiteró un comunicado oficial de la Secretaría. El organismo oficial reconoció que ayer se produjo un inconveniente similar al del domingo que, sin embargo, “no se vio reflejado en el servicio eléctrico”.
El gerente de Relaciones Institucionales de Transener, Oscar Dores, reiteró ayer que la renegociación de las tarifas “nada tiene que ver con la falla técnica que se produjo”. El secretario de Energía, por su parte, aseguró que “no hay nada que indique una relación entre las tarifas y el corte del domingo”. Otra fue la opinión del presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara de Diputados, Jorge Bucco, del bloque menemista, y también del legislador Héctor Polino, del ARI. Ambos anunciaron, por separado, que promoverán una investigación sobre las causas del apagón. Bucco consideró que “todo parece un accidente, pero es sugestivo que ocurra justo cuando se discute un aumento de tarifas”.
Polino, que trabaja junto con las asociaciones de consumidores, también impulsó la investigación legislativa. “El sistema no puede entrar encolapso por razones meramente técnicas: esto tal vez obedezca a que no se hicieron las inversiones que estaban previstas en el contrato de concesión”, sostuvo el diputado del ARI en diálogo con Página/12. Como antecedente inmediato, Polino recordó “el apagón del siglo de febrero de 1999 y los enormes incumplimientos en que han incurrido todas las empresas concesionarias, incluyendo a Edesur y Edenor, que han sido multadas en varias oportunidades por el Ente Regulador”.
El abogado Ricardo Monner Sans hizo ayer una presentación judicial ante la Cámara Federal porteña, que ahora deberá designar al juzgado que debe encargarse del tema. Monner Sans se presentó como “damnificado” por el corte de energía y solicitó que se investigara a las empresas prestatarias por presuntos “actos que entorpecen el normal funcionamiento de los servicios públicos”. El abogado estimó que las empresas “por vía oblicua quieren lograr un aumento en sus tarifas”. Aludiendo a las solicitadas publicadas por las empresas sobre la posibilidad de una caída en la calidad del servicio en caso de no haber una recomposición tarifaria, Monner Sans opinó que “lo que pareció un acto amenazante ha implicado una concreción perfeccionante de la hipótesis de amenaza”.
Javier Kaplan, representante de los usuarios en la comisión que renegocia los contratos de las empresas de energía, afirmó que el gigantesco apagón revela “la falta de previsión de Transener y la poca rigurosidad de los controles del Estado”. Según Kaplan, la empresa que admitió la responsabilidad absoluta en el corte “tiene un superávit de 62.700.000 pesos”. El defensor del Pueblo nacional, Eduardo Mondino, se sumó al reclamo, dirigido en su caso a la Secretaría de Energía y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Les pidió, por igual, que brinden “precisiones sobre los orígenes” del corte.