El plan de traslado de prisioneros de Guantánamo enfrentará nuevas demoras, informó ayer el New York Times. Semanas atrás, la Casa Blanca decidió adquirir una inutilizada prisión de máxima seguridad del estado de Illinois, el llamado Centro Correccional Thomson, en un paso fundamental para el cierre de Guantánamo. Al parecer, la administración de Obama tendrá dificultades para recaudar el dinero para su compra.

La decisión sobre Guantánamo representa una de las políticas de seguridad más importantes de Obama. Hace casi un año, el mandatario firmó una orden ejecutiva que ordenaba su cierre al considerarla “un símbolo de los excesos de EE.UU. en la guerra contra el terror.” El plazo para su concreción estaba pensado para un año –a cumplirse el próximo 22 de enero–, pero Obama reconoció más tarde que esa fecha sería superada debido a la complejidad de la tarea.

El gobierno federal no sólo debe comprar la prisión al estado de Illinois, sino que además tiene que prepararla para la recepción de los prisioneros en una tarea que tardará entre ocho y diez meses, según afirmaron esta semana fuentes del gobierno. Pero la Oficina Federal de Prisiones no cuenta con los 150 millones de dólares para pagar por el centro correccional. La ley aprobada el 19 de diciembre último por el Congreso no contempló el financiamiento de la cárcel de Thomson.

Frente a esto, la Casa Blanca sugirió en el Congreso que la Comisión de Apropiaciones de la Cámara añadiera cerca de 200 millones de dólares para el proyecto a la Ley de Gastos Militares para el año fiscal 2010. Los líderes demócratas se negaron a incluir la medida en la legislación.

La administración Obama afirma que el cierre de Guantánamo “es esencial para nuestra seguridad interior” y que implicará el ahorro de dólares para los contribuyentes norteamericanos: el Departamento de Defensa paga 150 millones por año para operar en la base naval, la prisión en Illinois costaría 75 millones. Su funcionamiento aseguraría también la construcción de 3300 puestos de empleo.

Sin embargo, la oposición y algunos demócratas moderados se mantienen escépticos. El temor es que la cárcel en suelo norteamericano cree riesgos en seguridad innecesarios. En estas líneas la representante demócrata de California, Loretta Sanchez, advirtió que “particularmente hacer de algo en suelo americano una atracción para Al Qaida y terroristas para ir detrás –incitándolos a atacar– es un problema, y necesitamos pensarlo bien”.

Otros legisladores argumentan que el problema con Guantánamo es que no asegura los derechos del debido proceso. Los presos “no pertenecen a nuestro país, no pertenecen a nuestras cortes y no pertenecen a nuestras prisiones”, sentenció el senador demócrata por Virginia, Jim Webb. El gobierno de Obama está confiado en que el financiamiento saldrá en la legislación para el año fiscal 2011. Sin embargo, no queda claro que el Congreso esté dispuesto a aprobar los costos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la campaña electoral de medio término se acerca en 2010 y los republicanos buscan ganar asientos.