El titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y su pareja, Paula Aballay, pasarán las Fiestas en prisión y es probable que más tiempo también. La Sala II de la Cámara Federal les negó la excarcelación con el argumento de que si recuperan la libertad podrían “entorpecer el desarrollo de la pesquisa” sobre la llamada mafia de los medicamentos. A su vez, el juez federal Norberto Oyarbide los procesó con prisión preventiva como jefe y organizadora de una asociación ilícita que estafaba al Estado cobrándole tratamientos costosos que nunca se hicieron y se dedicó a comercializar y suministrar remedios robados –algunos de ellos de distribución gratuita– e incluso suministró productos adulterados. Los procesamientos alcanzarían por lo menos a otras ocho personas.

También fue procesada como miembro de la organización y seguirá detenida Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, acusada de proveer medicamentos robados a la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, que a su vez le vendía a la obra social bancaria. Según confirmó su abogado, Miguel Angel Pierri, le notificaron la medida en prisión. La situación de Lorenzo –también preso– seguiría indefinida. Hasta entrada la tarde no le habían notificado resolución alguna, según indicó su abogada, Claudia Balbín.

“El Yabrán de los medicamentos”, como lo bautizó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, es un personaje clave en toda esta historia. San Javier aparece implicada en estrecha vinculación con La Bancaria en las principales maniobras que investiga Oyarbide: por un lado, el armado de historias clínicas truchas, con troqueles y recetas falsos, con los que se le cobraba a la Administración de Programas Especiales (APE) tratamientos para el cáncer, la hemofilia y el SIDA que nunca se realizaron; por otro, la comercialización y el suministro de medicamentos robados –parte proveniente de piratería del asfalto y parte sustraídos de los programas nacionales que prevén su distribución gratuita– y adulterados.

Los procesamientos dictados ayer por Oyarbide alcanzarían también –según allegados a la causa– a Victoria Berizzo, secretaria de Lorenzo; a la ex vicedirectora del Policlínico Bancario Susana Fiona; a las ex empleadas del APE María Matilde Ríos y Fabiana Attaguile, al ex director médico del Policlínico Bancario Jorge Fainstein y al ex gerente administrativo de la entidad, Claudio Ferrari. La Cámara ordenó dejar a todos ellos en libertad, excepto a Berizzo, a quien le negó la excarcelación, y a Fiona, sobre quien no se expidió.

El tribunal dejó también tras las rejas al ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) Miguel Cosme De Marco y su hijo, Martín de Marco, de la droguería Bisol, la de Roberto Loiácono, ex director del Banco Oncológico del Ministerio de Salud, y de otras cuatro personas vinculadas a droguerías. Al cierre de esta edición, no estaba clara la situación de Alberto Costa, ex subsecretario bonaerense de Control Sanitario. Según parece, el juez todavía no se había pronunciado.

En las resoluciones conocidas ayer, los camaristas Horacio Ca-ttani, Martín Irurzun y Eduardo Farah le encomendaron al juez Oyarbide que “imprima celeridad” a la investigación. En los casos puntuales de Zanola y Aballay señalaron que hay muchos elementos en la causa que “respaldan” la hipótesis de que fueron el jefe y la organizadora de una asociación ilícita.