Desde Medellín

Temor y repudio fueron las reacciones al asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, la tarde del lunes a manos de un grupo de hombres armados señalados por el gobierno como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el grupo insurgente emitiò un comunicado ayer en el que tomò distancia de la muerte del polìtico y lo describiò como un hombre ligado a los paramilitares (ver aparte).

Minutos después de que el presidente Alvaro Uribe diera la orden de rescatar al secuestrado por la fuerza, sus captores lo degollaron y le dispararon a quemarropa. Por eso el miedo de los familiares de quienes siguen en cautiverio también fue predominante ayer. Muchos temen que sus seres queridos corran la misma suerte del gobernador.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la orden de rescate entorpece la entrega de los rehenes, como dijo Pascal Jeuier, portavoz del Comité en Colombia, sumándose a la voz de rechazo de organizaciones de víctimas que repudian el rescate armado y la política de seguridad democrática de Uribe por sus trágicos resultados, como el del lunes. En los próximos días se produciría la liberación del cabo de la policía Pablo Emilio Moncayo, quien lleva más de una década en la selva a manos de los insurgentes, y del soldado José Daniel Calvo. Sin embargo, su libertad, como la de otros 24 militares y policías que siguen en poder de las FARC y otros cientos de civiles, quedó una vez más en veremos tras la medición de fuerzas entre el gobierno y la guerrilla.

Para muchos, el secuestro del gobernador Cuéllar se trató inicialmente de una provocación al presidente, reconocido por su “mano dura” contra los rebeldes, en medio del agitado clima político nacional. La reacción del gobierno colombiano, como era de esperarse, fue militar. “No podemos esperar la bondad de estos bandidos”, había dicho Uribe en consejo de seguridad extraordinario en Caquetá, hasta donde viajó junto a su ministro de Defensa al conocer la noticia del secuestro. Desde allí ordenó que un contingente de trescientos militares persiguiera el convoy guerrillero a las salidas de Florencia, ciudad donde residía el político. En medio del acorralamiento, la camioneta en la que viajaban los secuestradores y el gobernador se estrelló ya en zona rural, y fue a pocos metros de allí donde unos campesinos encontraron el cuerpo sin vida, un día después del secuestro.

Por este asesinato llovieron condenas a la guerrilla colombiana. La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional instó a las autoridades colombianas a “garantizar que los responsables del secuestro y el asesinato del gobernador Cuéllar sean llevados ante la Justicia”, como lo manifestó Marcelo Pollack, investigador colombiano de Amnistía, quien recordó que los civiles no deberían ser forzados a ser parte del conflicto armado que vive el país hace más de cuatro décadas. Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó el acto como “de atrocidad y barbarie”.

De otro lado, la efectividad de la política de seguridad democrática fue cuestionada una vez más. No es la primera vez que Uribe ordena un rescate y el saldo es el peor, la muerte del rehén. El clima para las esperadas liberaciones se puso más tenso y, según algunos analistas, era eso justamente lo que querían las partes: propiciar motivos para continuar el tire y afloje con los secuestrados, botín de guerra de la guerrilla que, al tiempo que les sirve a éstos, se convierte en estrategia del gobierno para la condena internacional de los insurgentes.

“Lo que ha sucedido es muy nocivo para el proceso (de las liberaciones), no es posible avanzar y concretar las entregas si no hay garantías de seguridad”, dijo a Reuters el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.

Por su parte, los familiares del fallecido gobernador no condenaron al gobierno por ordenar el rescate, pero sí se quejaron por la escasa seguridad con la que contaba el político, que cumplía 69 años el día en que lo mataron. Luis Fernando Cuéllar, hijo del gobernador, señaló que su padre sólo disponía de tres policías para su seguridad, aun cuando fue secuestrado cuatro veces anteriormente por las FARC. Uno de sus policías, el único que estaba al momento del secuestro, fue asesinado por los guerrilleros antes de entrar a la casa. Otros dos que llegaron al escuchar las explosiones que derribaron la puerta resultaron heridos.