Un docente encara una prueba en el aula y decide calificar por cuotas, aun antes de ponerse a corregir: un determinado porcentaje será desaprobado, otro tendrá una nota intermedia, otro más sacará un diez. Así será la evaluación de los empleados públicos porteños, según acaba de decidir el gobierno de la ciudad. En cada organismo, el respectivo jefe tendrá cupos de cumplimiento obligatorio para calificar a sus subalternos: al 5 por ciento tendrá que bocharlo con un “insatisfactorio”, un porcentaje similar deberá tener “poco satisfactorio”, el 45 por ciento zafará con un “satisfactorio”, el 30 por ciento logrará un “muy satisfactorio” y sólo el 15 por ciento obtendrá un codiciado “sobresaliente”. Lejos de ser una medida sotto voce, la resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

A fin de año, todos los empleados estatales son calificados por sus respectivos jefes. Se trata de una evaluación de desempeño que puede influir en futuros ascensos o, por el contrario, en eventuales despidos: si un trabajador es calificado dos años seguidos con los puntaje mínimos, pierde su puesto. La escala va de 1 al 5.

El sistema fue implementado por la gestión de Mauricio Macri y se puso en marcha por primera vez el año pasado. A ese fin, en diciembre de 2008 hubo una capacitación para todos los jefes que debían evaluar a su personal. El cursillo fue dictado en un salón de fiestas de la calle México al 1700, alquilado al efecto. En ese entonces, una de las recomendaciones que escucharon los jefes fue que evitaran poner 5 (es decir, la máxima evaluación): “Si ponen un 5 a un empleado, el año que viene no se va a esmerar para llegar a ese nivel”.

La prueba piloto tuvo su perfeccionamiento para la evaluación de este año. El 7 de diciembre pasado, una resolución de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda consideró que “según los resultados arrojados por la evaluación de desempeño realizada para 2008, se concluye que la misma respondió a parámetros esperables para una primera experiencia en una organización compleja”. Y agregó que, “no obstante, se aprecia conveniente incorporar un nuevo criterio que servirá de guía a los evaluadores para homogeneizar el modo de evaluación de los agentes en base a la distribución proporcionada de las calificaciones”.

Esa “distribución proporcionada” no es otra cosa que cupos para las notas. Así, cada jefe con más de 20 personas a cargo deberá forzosamente calificar según los porcentajes establecidos, fijados allí mismo. La resolución lleva por número el 2818 y fue firmada por Horacio Rodríguez Larreta y Néstor Grindetti.

“No nos oponemos a una evaluación del personal, está bien que esto ocurra, pero obligar a las distintas líneas de jefatura a fijar porcentajes condiciona la evaluación. Es totalmente discriminatorio”, protestó Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE-Capital. El gremio ya envió una carta documento a Rodríguez Larreta y Grindetti para rechazar la decisión y reclamar que fuera suspendida. También presentó en la Justicia un recurso de amparo para frenar la medida. “La evaluación ya se está haciendo, pero lo que queremos es evitar las consecuencias de su implementación”, indicó Arrechea.

El dirigente sindical aseguró que la resolución responde “a la permanente línea de persecución a los trabajadores. Hubo un censo del personal cuyos resultados nunca se conocieron. Hay una línea 0800 que instiga a los trabajadores a denunciar a supuestos ñoquis, algo que deberían hacer las distintas líneas de jefatura, que para eso están. Ahora ponen cupos para evaluar. Si un empleado obtiene dos años seguidos los puntajes mínimos de 1 y 2, pierde el trabajo. Y ahora encima los jefes están obligados a un determinado porcentaje con esa puntaje”.

De todas maneras, los empleados disconformes con la calificación obtenida tienen derecho a presentar una revisión. En ese caso, el trabajador debe fundamentar su reclamo ante un miembro del gremio y dos jefes que no incluyen al evaluador original. La decisión sobre la apelación y el eventual nuevo puntaje queda en manos de esas tres personas.

El proceso de evaluación está en marcha: los jefes deben entregar las planillas como tope el 31 de diciembre. Luego serán tabuladas por una empresa privada, como ya ocurrió con las evaluaciones del año anterior. Se trata de Vangent Argentina SA, una subsidiaria de Vangent Inc., cuya casa matriz está ubicada en Washington, Estados Unidos.