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Dos jueces (Víctor Brusa y Rosa Parrilli) en el banquillo de los acusados, sometidos a drásticas condenas. Una Cámara definiendo la elección en el Sindicato de Aeronavegantes, innovando y hasta inventando el derecho. Norberto Oyarbide interviniendo en expedientes que afectan a altas esferas del poder político. El Poder Judicial (al que ampulosamente se apoda “la Justicia”) está en el centro de la escena, en los preliminares de la generosa feria de enero. Vale la pena una fugaz panorámica sobre esos casos, parte de la fascinante aunque imperfecta dinámica de las instituciones.

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El primero, no el único: Brusa es el primer magistrado condenado por participar en delitos de lesa humanidad. Un nuevo eslabón al develamiento de responsabilidades que van más allá de quienes revistaron en las fuerzas armadas y de seguridad. Como el sacerdote Christian von Wernich, Brusa encarna la complicidad activa de otros actores en el terrorismo de Estado. Piezas estratégicas, actores con autoridad, que gustan ser muy severos a la hora de levantar el dedito para cuestionar acciones ajenas.

La ejemplar condena a Brusa es un paso más en la búsqueda de verdad y justicia que se construye día a día. Muchos magistrados tienen alto compromiso con ese avance institucional, muchos ponen piedras en el camino y habrán padecido un sinsabor con la sanción a Brusa.

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La que salió en la tele: Rosa Parrilli estaba destituida de antemano, desde cuando se divulgaron sus exabruptos autoritarios y discriminadores por tevé. Descontrolada, intolerante, quedó expuesta por el material filmado. La fiscalía tenía su caso cerradito, llave en mano, listo para presentar. Las condiciones del siglo XXI, la grabación completa e innegable, propagada difusamente por los medios, transformaban al proceso legal en un trámite ratificatorio (¿una variante de la escribanía?). Ayer pasó lo que estaba escrito (ver asimismo páginas 20-21 ). El juicio político no admite sanciones intermedias, la eyección venía por un tubo.

Se desconocen los fundamentos de la sentencia, que a ojímetro parece adecuada. La falta de decoro y el discurso de Parrilli son incompatibles con el ejercicio digno de su función. También parece sensato no haberla inhabilitado para otros cargos públicos, dado que su conducta ocurrió fuera de su despacho. Desde luego, su currículum le dificultará conseguir un conchabo estatal.

Una pregunta tan inquietante cuan necesaria es si Brusa y Parrilli son exóticas ovejas negras o manzanas podridas aisladas. A los ojos del cronista no hay tal: dista de ser irrisoria la cantidad de jueces infatuados, abusivos del poder como Parrilli o cómplices de la dictadura como Brusa. Por no aludir a los encubridores actuales, por vías menos sanguinarias y seguramente no pasibles de sanción penal. Todos los que niegan la difusión periodística de los procesos y los cajonean, sin ir más lejos.

La formación aristocratizante, la pulsión corporativa, la condición vitalicia en sus cargos dejan su sedimento. La falta de introspección de la corporación judicial contribuye al fenómeno.

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A mí me gusta volar: Los integrantes de la Lista Celeste de Aeronavegantes asumieron ayer en el sindicato (ver página 8), con revuelo de movileros y en un valorable contexto de respeto y serenidad. La Sala IV de la Cámara Laboral lo decidió así en un fallo dividido, con fundamentos interesantes de mayoría y minoría.

Recordemos las líneas maestras del conflicto, ahorrando (para facilitar la divulgación, no porque les falte importancia) detalles sobre expedientes paralelos y otras sutilezas legales. La Lista Verde, oficialista, se consagró ganadora de una elección por escaso margen. La Celeste denunció fraude, recorrió instancias administrativas, luego pleiteó. Hace poco consiguió que se la reconociera ganadora del comicio, cuando restaban contados días para terminar el consiguiente mandato. Se ordenó reponerla al mando del sindicato, hubo resistencia de la Lista Verde y de autoridades del gobierno nacional. En ese trance, anteayer, el horizonte de la Cámara era intrincado pues le quedaban dos opciones imperfectas. La primera era instalar a la Lista Celeste con su mandato vencido, una rareza formal. La segunda, propuesta por el Ministerio de Trabajo, era mantener la intervención y llamar a elecciones: la mejor salida política, pero la cristalización de una injusticia. Los magistrados que hicieron mayoría, Héctor Guisado y Oscar Zas, decidieron que la Celeste asumiera. Su argumento sustancial (en un expediente que tiene varias discusiones adicionales) fue que el mandato no puede tenerse por concluido porque jamás se inició, por obstrucción de terceros. Es un razonamiento sugestivo que, en los hechos, remata en una decisión discrecional no contenida en ninguna norma: se conceden seis meses a la Celeste para ordenar el gremio y convocar a elecciones. Ese tramo de la sentencia oscila entre la creatividad jurídica y la invención pura, en ambos casos sustituyendo al legislador.

La jueza Estela Ferreirós propició la otra salida, apoyándose en una interpretación del mandato. Según ella, el principal titular de esa relación es el mandante (los afiliados) y no el mandatario (los elegidos). Desde ese ángulo, el vencimiento del plazo pone fin a las atribuciones de los designados, imponiéndose un nuevo proceso de elección de autoridades. El voto de Ferreirós es, seguramente, el más apegado a la letra de la ley.

Ambas posturas fueron dignamente fundadas. Primó, da la impresión, la que arrima más a la idea de justicia del sentido común: los que ganaron deben estar al frente. Desde luego, es un zurcido imperfecto (se había llegado a un punto en el que no podía ser de otra manera) y sólo la política puede enderezar el entuerto. La nueva convocatoria a elecciones, celosamente vigiladas, puede parir una conducción con legitimidad vigente, salida del actual padrón de los afiliados.

Queda una deducción que trasciende el ejemplo: los tribunales pueden paliar la patología, la salud democrática necesita de la participación ciudadana.

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Un federal particolare: Norberto Oyarbide justificaría más un seminario de dos días que unos párrafos en una columna periodística. Integra la aciaga cofradía de los federales de la servilleta, la protección solidaria de los senadores peronistas impidió que prosperara un (bien fundado) juicio político en su contra, en 2001. Más allá de las polémicas, conserva sus atribuciones, y sus resoluciones suelen ser bien fundadas, a diferencia de lo que es regla en otros federales paridos por el menemismo.

En estos días se ocupa de varios expedientes de postín, entre ellos las escuchas policiales del macrismo, los medicamentos truchos y el patrimonio de los Kirchner. En todas obras de modo similar: con enorme despliegue mediático y mucho protagonismo. Las valoraciones sobre su obrar varían, en directa relación con el alineamiento político y con el expediente de que se trate. El sobreseimiento concedido a la pareja presidencial detonó oleadas de furia en la oposición, no faltó quien mocionó su juicio político antes de que se conocieran los fundamentos (“considerandos”) del fallo. Se discute en el Foro si corresponde encausar magistrados por el contenido de las sentencias, hay quien considera que no. Este escriba opina que es admisible en algunos casos, pero considera que es absurdo sancionar a alguien por el contenido de la sentencia, sin saber la argumentación que la sustenta. La politización y enardecimiento de la controversia deriva a la desmesura y a la sanción automática.

El sobreseimiento no pone fin al proceso, que pasará a otras instancias.

Entre tanto, la Cámara Federal convalidó las acciones de Oyarbide en el expediente que sigue las andanzas de Jorge “Fino” Palacio, Ciro James y sus secuaces. Hasta sugirió, sin prejuzgar, la existencia de una asociación ilícita cuando habló de la “posibilidad cierta de estar frente a un aparato estatal de dimensiones”. La detención de Juan José Zanola fue confirmada en otro trámite. Su Señoría tendrá sus bemoles, pero sus acciones impactan en una gama variada del poder político.

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Agenda y autocrítica: Autoridades políticas actuales y pretéritas son investigadas en Tribunales. Jueces de todo pelaje tienen su cuarto de hora mediático (por caso, la que hizo ingresar a la Lista Celeste y festejó a la par de ellos, con escasa equidistancia). También son juzgados o asediados por el poder político, denuncieitors profesionales o amateurs, personas de a pie damnificadas. La agenda cotidiana de la administración de justicia es sofisticada y de amplio consumo público, incomparable con la de hace un par de décadas.

La transformación institucional es zigzagueante y traumática, es difícil negar que ha avanzado desde la restauración democrática, sin acceder a ser satisfactoria. Lo más cruel y lejano de cualquier idea de justicia es el clasismo y la crueldad de los tribunales penales, pródigos en encarcelar presos sin condena, máxime si son pobres y morochos.

Fiscal de otros poderes, el Poder Judicial adolece de falta de autocrítica e introspección, sobre todo en sus estadios más altos. Y el sistema político todo sigue en mora, sin implantar el juicio por jurados. La Constitución lo ordena desde hace más de un siglo y medio. Sería un resquicio para hacer intervenir a los ciudadanos en el más cerrado de los poderes, el único cuyos integrantes ocupan cargos vitalicios, y no son ni electos ni removidos por la ciudadanía. La Constitución transformada en letra muerta, una violación flagrante que inquieta a pocos. Algo quiere decir, más vale.

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