Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, ligadas a la Iglesia Católica, recomendaron ayer al gobierno de El Salvador que solicite a Argentina investigar la existencia de un militar de dicho país que en 1980 habría sido el asesino del entonces arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.

El pasado 7 de marzo Página/12 publicó un extenso reportaje en el que se dan pistas sobre un presunto militar del llamado Batallón 601, con nombre o apodo Emilio Antonio Mendoza, quien habría sido el francotirador que el 24 de marzo de 1980 disparó una certera bala explosiva que acabó con la vida de Romero mientras oficiaba una misa en San Salvador.

“No tenemos información sobre ello, pero este caso tiene que ver con documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Ya habíamos escuchado tal versión por otras fuentes, pero no tenemos certeza”, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuellar.

“Sin embargo, es una oportunidad para investigar. El actual canciller argentino es Jorge Taiana, que fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El actual gobierno argentino tiene grandes compromisos en los derechos humanos y creo que el Estado salvadoreño, a través de Cancillería, solicitará una investigación al respecto”, agregó Cuellar.

Por su parte, el director de Tutela Legal del Arzobispado, Ovidio Mauricio González, coincidió con Cuellar en que se debe solicitar investigar el caso, pero “ello parte de que se suprima la ley de amnistía y se levante una investigación amplia, tal como lo ha demandado la CIDH, en el caso de Romero”.

“En Tutela Legal del Arzobispado tenemos información y testimonios que no indican que un militar argentino haya disparado contra monseñor Romero. Los hechos apuntan al salvadoreño Héctor Regalado. Esa información incluso es la que tiene el Vaticano en el proceso de canonización que se sigue para nuestro obispo”, aseveró González.

La fallecida ex directora de Tutela Legal del Arzobispado, María Julia Hernández, en entrevista en mayo de 2007, dijo al diario El País, de España: “Antes se habló de que el ejecutor fue un cubano; se dijo también de un agente de la Guardia Nacional; ahora se habla de este argentino Mendoza, del que no se tiene razón y quizá se trate de un seudónimo...”.

Y agregó: “Pero hay un punto importante en el proceso legal interrumpido en El Salvador: el chofer, Amado Garay, quien condujo al francotirador, señaló al odontólogo Regalado, ex jefe de la seguridad personal de D’Aubuisson, como la persona que disparó”, dijo entonces la abogada Hernández.

Sin embargo, según un artículo de la agencia Worldpress, Regalado no fue identificado por Garay en persona, sino a través de una foto de 1969 a la que se le agregó una barba con fotoshop, que se eligió por su similitud con el croquis realizado por artistas forenses a partir de la descripción de Garay. Regalado negó haber sido el francotirador.

En Página/12 se indicó que un oficial legal de la CIA, que no es identificado en el documento desclasificado por Washington en 1993, envió un informe en el que dijo: “El oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola... Mendoza admitió de hecho haberle disparado a Romero”.

Tanto Cuellar, del Idhuca –jesuita–, como González, de Tutela Legal del Arzobispado, indicaron que los procesos legales en El Salvador para investigar estos hechos están interrumpidos por la existencia de una amnistía general de 1993, por lo que este crimen de Romero, como miles más, están en la impunidad.

Así las cosas, ni Héctor Regalado ni Emilio Antonio Mendoza han sido sujetos de investigación por parte de las autoridades judiciales salvadoreñas, aunque investigaciones internacionales, como las que realizara la Comisión de la Verdad en 1993, indicaron que Romero fue asesinado por órdenes del ex militar salvadoreño Roberto D’Aubuisson, fallecido en febrero de 1992.

“Independientemente de si existe Mendoza o no, debe exigir a Argentina una investigación porque hay información que indica que argentinos participaron en la represión y asesinatos en contra de salvadoreños, antes y durante la guerra civil (1980-1992)”, dijo Cuellar.

La guerra civil salvadoreña provocó 75.000 muertos y 8000 desaparecidos, y un millón de refugiados.