Desde Rosario

El Tribunal Federal Oral 1 de Rosario escuchó ayer los argumentos de la defensa de los represores en el juicio por delitos de lesa humanidad en causa conocida como Guerrieri-Amelong. Los alegatos de la defensa siguieron a los que realizaron los querellantes y la fiscalía, a cargo de Mabel Colalongo, que el lunes habían reclamado una condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” de los cinco imputados.

La defensora oficial Mariana Grasso comenzó con el alegato en defensa del imputado de mayor jerarquía, el ex teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri, que integrara el Cuerpo Comando del Destacamento de Inteligencia 121 del II Cuerpo del Ejército.

Los imputados son, además, Jorge Fariña, Daniel Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Están acusados de 17 homicidios y el secuestro y torturas de 28 militantes políticos cometidos en cinco Centros Clandestinos de Detención (CCD) de Rosario y zona durante la última dictadura militar.

Los defensores se tomaron unas cuatro horas para su alegato. No dejaron de “reconocer la repugnancia de los delitos de esta laya, la gravedad de los hechos y el marco histórico en que se produjeron”, según dijo Grasso. No obstante, la letrada intentó demostrar que “la prueba de cargo producida no resultaría suficiente para acreditar la responsabilidad de Guerrieri en los hechos por los que se lo acusa”.

Asimismo, la defensa solicitó que, “en caso de dictarse una sentencia condenatoria se mantengan las actuales condiciones de detención” de Guerrieri, esto es, prisión domiciliaria, argumentando “razones de salud y la avanzada edad del imputado”.

La fiscal Colalongo había pedido la pena de prisión perpetua para los cinco imputados, en consonancia con todas las querellas. “Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrepentimiento de los acusados.”

La fiscal Colalongo repasó los hechos y dichos de los imputados a lo largo del juicio y enrostró a Guerrieri varias máximas del general José de San Martín. “Seguramente San Martín no lo aceptaría en sus filas –dijo la representante del Ministerio Fiscal–. No existió orden de detención de autoridad competente ni escrita, ni causa legítima alguna. En todos los casos la detención se produjo de modo violento, los autores vestían de civil aunque pertenecían a una fuerza del Estado, con autos sin identificación”, señaló Colalongo para argumentar el carácter ilegal de las detenciones cometidas por los represores.