Desde Asunción

“Durante más de treinta años, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner se levantaba muy temprano, a eso de las cuatro o cinco de la mañana, y con su mate recibía a cada uno de sus generales que en media hora tenían que contarle el informe del día, y luego pasárselo por escrito”, cuenta Martín Almada, abogado, ex detenido y Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002. “Stroessner fomentaba la competencia y la intriga entre sus mismos militares, por eso cada uno no sólo se limitaba a su área específica, sino que se superponía e investigaba a los otros como forma de demostrar su fidelidad y ganarse la confianza de El Supremo. ¡Por eso es que en Paraguay tenemos tantos archivos!”

La punta de este iceberg archivístico asomó con la reforma democrática de la Constitución de 1992. Cuando Almada recurrió por primera vez a la reciente figura jurídica del hábeas data, el derecho que tiene toda persona a pedir sus datos oficiales, eso desencadenó una serie de intervenciones en varias dependencias de la policía que terminaron siendo lo que se conocen genéricamente como los Archivos del Terror: más de tres toneladas de documentos que mostraban la política represiva stronista (1954-1989), y que puso al descubierto el acuerdo de cooperación secreto de las dictaduras del Cono Sur conocido como Operativo Cóndor. Si bien durante los restantes 18 años fueron apareciendo esporádicamente más datos en archivos policíacos, en octubre del año pasado se descubrieron otras dos toneladas de documentos amontonados y olvidados en los sótanos del Ministerio de Defensa, ampliando esta vez la información al ámbito militar. “Este hecho –continúa Almada– que tuvo un amplio apoyo del ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini, es algo inédito en nuestro continente e hizo que el presidente Fernando Lugo ordenara la apertura y la puesta a disposición de todos los documentos de las Fuerzas Armadas a la Justicia y a los investigadores de los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura.”

“Los Archivos del Terror del ’92 aportaron las pruebas para juzgar a varios militares argentinos e incluso le permitieron al juez español Baltasar Garzón imputar a Pinochet”, aclara la socióloga Line Bareiro, y continúa diciendo que el material encontrado ahora en el Ministerio de Defensa “permitirá continuar con la ampliación de esta información de manera formidable”. Este nuevo material también pueda modificar parte de la historia de la región ya que va mucho más allá del stronismo y la época del Operativo Cóndor: se han encontrado documentos sobre la reorganización del ejército paraguayo y la compra de armas de la época de la Guerra de la Triple Alianza, las matrículas de los escalafones de 1895 e incluso una lista con los nombres de los prisioneros bolivianos de la Guerra del Chaco de 1932-35 y la triangulación de municiones y suministros.

Rosa Palau, directora del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, que atesora los Archivos del Terror, explica que “todos estos archivos sobrevivieron gubernamentalmente por la burocracia natural, especialmente la castrense, políticamente porque esta información podía ser utilizada por el régimen como factor de poder y de chantaje, y partidariamente porque el dictador se fue pero su partido, el Partido Colorado, se quedó hasta 2008, y pensaban “por qué vamos a tirar nuestros papeles”. Sin embargo, Palau aclara que “no toda pila de documentos o cúmulo de papeles tiene sentido si no sabemos exactamente cómo y qué buscar en ellos, y desgraciadamente somos muy pocos y nos siguen faltando muchos investigadores y gente capacitada para analizar todo este material”.

El nuevo hallazgo, que algunos comienzan a denominar como los Archivos del Terror II, se inscribe en un momento particular de salvataje, reconstrucción y resignificación de la historia reciente del Paraguay, y en especial en el simbólico 3 de febrero pasado, cuando la democracia paraguaya cumplió su “mayoría de edad” al celebrarse los 21 años de la caída de Stroessner. El hecho más importante de este profundo proceso se dio al poco tiempo de asumir Lugo, el primer presidente tras más de 60 años de hegemonía del Partido Colorado, cuando en agosto de 2008 la Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ), una suerte de Nunca Más local, presentó su informe final, resultado de más de cuatro años de trabajos realizados en torno de más de 2000 testimonios, 14.000 documentos recopilados y ocho audiencias públicas nacionales. En ese momento todos los alumnos de la educación básica también comenzaron a ver por primera vez en los pizarrones la palabra dictadura y desaparecidos dentro de la nueva materia “Autoritarismo en la Historia reciente del Paraguay”.

En el Informe Final de la CVyJ puede leerse que en Paraguay “no existieron centros de detención y torturas clandestinos, se usaron las dependencias gubernamentales, policiales, militares y civiles públicas conocidas, para las torturas y violaciones de derechos de toda naturaleza”. Federico Tatter, militante de derechos humanos, ahonda en este particularismo al decir que “también la población era muy pequeña, en el golpe de 1954 era de 1.400.000 habitantes y al caer la dictadura en el ’89 ya era de cuatro millones, era casi imposible no saber lo que estaba pasando, y por eso la represión no fue totalmente clandestina como en otros países. Incluso comparativamente la desaparición tampoco fue el método favorito de represión sino las detenciones y la tortura, ya que en 34 años hubo entre 300 y 400 desaparecidos”. Como ejemplo ahí está la temible La Técnica, ex centro de detención de la policía devenida en Museo de la Memorias, cuyas celdas abiertas permitían escuchar los gritos por todo el centro de Asunción.

Uno de los libros que mayor impresión causaron en la sociedad paraguaya, y que ya está en su quinta edición, fue Es mi informe, los archivos secretos de la policía de Stroessner, uno de los mejores análisis de los archivos encontrados en el ’92 y resultado del profundo trabajo de los especialistas Rosa Palau, Myriam González y Alfredo Boccia Paz. Este último opina que “pese a toda esta cantidad de información encontrada, no hemos llegado a una instancia profunda de juicios y condenas, ya que los únicos tres o cuatro sentenciados fueron de la policía, que realizaba el trabajo sucio, pero los altos niveles militares y civiles aún están impunes. Las nuevas generaciones, que no vivieron directamente la dictadura y que ven a Stroessner simplemente como un hecho de la ‘historia’, lo poco que saben está relacionado con las noticias de los archivos y no con su vigencia aún tan presente”. Myrian González entiende que “muchos siguen machacando con su slogan ‘Eramos felices y no lo sabíamos’ y continúan festejando cada 3 de noviembre el cumpleaños de Stroessner, como la ‘fecha feliz’. El peligro es que muchos jóvenes menores de 20 años aún siguen confundidos, sin saber si él fue algo bueno o malo”.

Por suerte se abre una pequeña puerta y de un vaho húmedo sale agachada una figura con una máscara antigás. “¡Uff! –dice al sacársela Cecilia Vera, archivista y una de las responsables del relevamiento de los archivos recién encontrados del Ministerio de Defensa–. Vera está convencida de la importancia de recabar el material. “Es increíble el tiempo y el trabajo que se tomaban, tenían todo controlado, toda tu vida: dónde te ibas, con quién estabas, a qué hora volvías, la chapa de tu auto y la de los que estaban estacionados frente a tu casa”.