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El ex procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino fue procesado en el caso Greco por haber autorizado un pago millonario e irregular a ese grupo empresario a pesar de conocer que había anomalías en el trámite. El juez federal Sergio Torres lo señaló como responsable del delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de un millón de pesos. Consideró que no sólo habilitó el desembolso del monto que pretendía el holding, sino que lo “liberó” de la deuda que tenía con el Estado.

Guglielmino, que había asumido en 2004, fue desplazado de la Procuración del Tesoro –donde dirigía a los abogados del Gobierno– cuando Cristina Kirchner le recriminó no haber podido frenar la andanada de medidas cautelares que congelaron las reservas del Banco Central. Su papel en el caso Greco había sido señalado por el fiscal Miguel Angel Osorio, que le imputó el reemplazo (en cuestión de horas) de un dictamen que avalaba el pago a los Greco por otro que no daba opinión. Esos documentos iban al Ministerio de Economía, encargado de dar respuesta a la causa civil iniciada por el grupo mendocino –que en los ’70 concentró más de la mitad de la producción vitivinícola nacional– en demanda de un resarcimiento económico por pérdidas sufridas durante la dictadura. El expediente quedó a cargo del juez Francisco Soto, que en 2005 los reconoció como acreedores y dispuso homologar una deuda que le reclamaban al Estado por 332.396.128,64 pesos, pero que ascendía a 600 millones con actualización e intereses.

La lógica era que el Gobierno apelara. Los abogados del Palacio de Hacienda –entonces a cargo de Roberto Lavagna– no lo hicieron ni tampoco promovió esa medida la Procuración, que según Torres “tenía por función cuanto menos el seguimiento, supervisión y proyección de instrucciones al servicio jurídico del Ministerio de Economía en causas de relevante significación económica”. Según el juez, aquella inacción era contradictoria con la estrategia que el propio Estado había asumido en un comienzo tendiente a mostrar “los perjuicios que el grupo le había ocasionado”. Hay dictámenes del ministerio que advierten la necesidad de hacer su propia liquidación antes de admitir cualquier pago.

Al ser indagado, Guglielmino dijo que no había intervenido y que devolvió las actuaciones sin opinar. Torres le cuestiona –precisamente– haberse expedido tres veces “en escasos cuatro o cinco renglones” pese a que pasaron por su oficina pruebas que daban cuenta de “irregularidades”. Podía “frustrar el evento ilícito”, señala el juez, pero no lo hizo. “Incumpliendo con los deberes de funcionario público defraudó los intereses confiados, procurando un beneficio –cuanto menos– para terceros”, concluye.

Intimado por Soto, el Gobierno mandó al Congreso un proyecto para ampliar el presupuesto en 587 millones de pesos. Tenía la firma de la entonces ministra de Economía Felisa Miceli, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner. En Diputados pasó. En el Senado, a la UCR le pareció extraño que apareciera esa suma para un “pago a proveedores”. Se desató el revuelo. Miceli admitió que no debían pagar y denunció a sus propios empleados por favorecer al holding. Soto dejó sin efecto en 2008 su propia resolución que ordenaba el pago, al reconocer que lejos de deberles plata a los Greco el Estado sería el único acreedor.