“Existió un acuerdo de voluntades para lucrar con la comercialización ilegal de medicamentos. Participaron droguerías, farmacias, obras sociales, funcionarios políticos y cooperativas”, sentenció la Cámara Federal al respaldar ayer la mayor parte de la investigación del juez Norberto Oyarbide. El fallo confirmó los procesamientos con prisión preventiva del líder del gremio bancario Juan José Zanola, de su esposa, Paula Aballay, y del dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Pero también le ordenó al magistrado que determinara el punto de partida de la cadena de maniobras con los remedios, así como el origen y destino de los fondos implicados. En ese contexto, le indicó que citara a indagatoria al ex superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, y lo instruyó para que pusiera la lupa sobre un grupo de funcionarios: el director de Lotería Nacional, Hernán Diez; el ex legislador porteño Sebastián Gramajo y el esposo de la diputada Diana Conti, Enrique Dratman. También indica que sean “escuchados” (sic) los ex ministros de Salud Ginés González García (Nación) y Claudio Zin (Buenos Aires), porque podrían orientar la pesquisa.

Capaccioli, Diez y Gramajo estuvieron ligados a la campaña oficial de 2007. Como recaudador el primero, como apoderados políticos y financieros del Frente para la Victoria (FpV) los otros dos. En el fallo que define la situación de Lorenzo, se transcriben escuchas donde Capaccioli, Gramajo y Dratman –que sería socio en la droguería Cofeme– mantienen diálogos con él. Diez es mencionado varias veces. Son conversaciones que parecen en clave y que la Sala II de la Cámara cree que “deberán ser investigadas”. En algunas, especulan, parecen hablar del vínculo entre el comercio de medicamentos y la campaña electoral de 2007. Entre ellos aluden reiteradamente a los puestos que van a ocupar en las listas, pero, al ser Lorenzo uno de los interlocutores, también de algún movimiento de dinero y de gestiones relacionadas con los medicamentos.

Para explicar la convocatoria a Capaccioli, quien por su cargo ligado al Ministerio de Salud debía supervisar a las obras sociales, el tribunal cita el pedido de indagatoria del fiscal Luis Comparatore, para quien el ex funcionario “no podía encontrarse al margen o ignorar” cuestiones como el desvío de remedios de distribución gratuita. Podría tratarse “del costado estatal del entramado delictivo”, advirtió en su requerimiento. Capaccioli era un funcionario muy vinculado al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. La Cámara insiste en el rastreo del origen y destino del dinero implicado en la comercialización de medicamentos vencidos, robados y adulterados.

Además de Zanola, Aballay y Lorenzo, siguen presos Susana Fiona (mujer clave en el Policlínico Bancario), Carlos Torres (socio de Lorenzo) y Miguel De Marco (que era funcionario de la Anmat). Pero recuperaron la libertad la mayoría de los imputados que estaban detenidos (ver aparte).

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah volvieron a detallar la trama de los remedios truchos:

- Se le facturaron medicamentos al Hospital Francés que debieron entregarse en forma gratuita.

- Se facturaron medicamentos cuyos troqueles estaban falsificados: en verdad se trató de un fraude porque los remedios ni se fabricaron.

- Se comercializaron medicinas con la fecha de vencimiento borrada.

- En algunos casos, se adulteró el contenido de los medicamentos.

- Cuando se reclamaron reintegros a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud se facturó por duplicado, o sea dos facturas con el mismo número.

- También en esos pedidos de reintegro se adjuntaban troqueles falsos para cobrar tratamientos inexistentes.

- A través de cooperativas como Vernet se manejaba dinero en forma irregular defraudando a las obras sociales.

Al referirse a un “acuerdo de voluntades para lucrar en forma irregular con los medicamentos”, los jueces concluyeron que Zanola fue el jefe de la asociación ilícita, mientras que Aballay y Lorenzo fueron organizadores. Según la Cámara deben seguir en prisión porque la expectativa de la pena es alta. Pero además porque en una escucha ordenada por el juez, Lorenzo ofrece una camioneta para sacar documentación y hasta una baulera donde guardarla, lo que demuestra que pueden entorpecer la investigación destruyendo pruebas.

Una de las críticas que le hace a Oyarbide es que juntó mucha información sin organizarla, abriendo treinta sumarios paralelos.