Desde Santa Fe

La investigación del asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en delitos de lesa humanidad, tuvo otro giro en las últimas horas. El juez de Rafaela Alejandro Mognaschi procesó a los dos detenidos por el crimen: Rodrigo Sosa, un cuidacoches de 19 años, y su primo de 22, Rodolfo Cóceres, a quienes acusó por “homicidio calificado” por ensañamiento, que prevé la pena de prisión perpetua. Esa resolución judicial cierra la pista del robo. Pero abre la segunda línea investigativa que impulsa el fiscal Rodolfo Zehnder para despejar todas las dudas sobre un crimen por encargo. “Hay que explorar y agotar la hipótesis que más preocupa a los familiares de la víctima, a los organismos de derechos humanos y a nosotros también”, dijo Zehnder a Página/12.

El fiscal ya propuso una batería de medidas, entre ellas el cruce de datos y llamadas telefónicas para detectar cualquier conexión entre los ejecutores de Suppo y personas relacionadas con causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ayer, Andrés y Marina Destéfani, los dos hijos de Silvia, se presentaron como querellantes en la causa.

Silvia Suppo fue asesinada hace dos semanas, cuando atendía en su negocio de venta de cueros y artesanías en el microcentro de Rafaela. Sus asesinos la apuñalaron nueve veces. Horas después, falleció en el hospital de Rafaela. Desde el principio, la pesquisa se deslizó hacia la hipótesis del robo, y de hecho el expediente había arrancado como “homicidio en ocasión de robo” y luego cambió la carátula: “Porque según las pruebas y la indagatoria de los imputados nos encontramos con la figura de homicidio agravado, que es un crimen que se comete para ocultar otro delito y lograr impunidad”, explicó el fiscal Zehnder. “Esto es lo que surgió de las pruebas. Los imputados decidieron ultimar a la víctima para evitar ser reconocidos en el atraco.”

Para el fiscal, “hasta hoy la hipótesis es el robo, pero eso no agota en modo alguno la investigación”, advirtió. “Acá se sigue investigando si estamos en presencia de un crimen por encargo, que sería la participación de un tercero... Queremos saber si tenemos a los ejecutores materiales del hecho y si fueron instigados por alguien o por algún motivo. La investigación sigue su curso.”

–¿Los imputados tenían teléfonos celulares? –preguntó este diario.

–Ellos dicen que no. Es algo que se está investigando. También tenemos el teléfono celular de la víctima, hay diligencias en trámite.

–Los detenidos dijeron que no tenían teléfonos, pero en la indagatoria se dijo, por ejemplo, que llamaron a un remise y uno de ellos recibió un mensaje de texto. ¿Es correcto?</p>

–Sí, se está investigando. Pero no sería un teléfono celular que perteneciera a los imputados, sino de un familiar de ellos.

–¿Y de quién es ese teléfono?

–No, eso no se lo puedo decir.

–¿Qué otras diligencias propuso?

–La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia ofreció toda su colaboración. Pedí diligencias para cruzar información respecto de personas que hayan intervenido en juicios por crímenes de lesa humanidad, ya sea en carácter de víctimas, querellantes, testigos, imputados. Queremos cruzar datos para ver qué surge de ahí, con la información de los imputados y su entorno, sus familiares, sus conocidos, etcétera.