Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, presentará una demanda contra el Estado uruguayo por el secuestro y muerte de su madre durante la última dictadura militar. La presentación de la demanda se hará la semana que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el principal argumento será la vigencia de la Ley de Caducidad, que aún garantiza la impunidad de los militares y policías que cometieron violaciones a los derechos humanos en el país vecino. El pedido de Gelman coincide con los renovados intentos en Uruguay por anular la amnistía, aprobada en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último en octubre del año pasado.

“Buscamos que se condene al Estado uruguayo y que la Corte Interamericana sugiera la forma de erradicar esa norma”, aseguró ayer en declaraciones radiales el abogado de la familia, José Luis González. El caso llegó al tribunal asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la presentación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un suborganismo de la OEA, en enero pasado. Según explicó el letrado, lo que se busca es que el tribunal se pronuncie sobre la Ley de Caducidad ya que, según la querella, viola las obligaciones del Uruguay con las normas internacionales que impiden aplicar amnistías a delitos de lesa humanidad.

Tras varios años de lucha, la CIDH habilitó la posibilidad de presentar un escrito con la demanda de la familia Gelman y ahora se espera que el desenlace derive en una condena contra el Estado uruguayo que deberá finalmente definirse en su posición sobre la ley. Según informó el diario El País de Montevideo, Macarena mantuvo esta semana una reunión con el canciller uruguayo Luis Almagro para analizar la causa, pero en el encuentro el ministro no adelantó cuál será la posición del gobierno ante la Corte de la OEA. El presidente José Mujica se expresó públicamente contra la amnistía, pero reconoció que no puede avanzar con la anulación, luego de la derrota en las urnas, en octubre pasado.

El matutino pronosticó que el gobierno de Mujica podría asumir su defensa dando la razón a Gelman y reconociendo que la Ley de Caducidad contradice la normativa internacional ratificada por su país. La otra postura que podría tomar el ex tupamaro sería recordarle a la CIDH que aún bajo el régimen de la amnistía, los dos gobiernos del Frente Amplio pudieron avanzar en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, aprovechando las pocas excepciones que permite la Ley de Caducidad, por ejemplo, los crímenes cometidos fuera de las fronteras uruguayas o cuyos responsables fueron civiles.

Una condena de la Corte Interamericana siempre está dirigida a un Estado y no contra particulares. Por lo tanto, no implica sanciones penales, pero sí económicas en forma de indemnizaciones para las víctimas, y también de descrédito y desprestigio para los gobiernos. “Mi objetivo no es que se condene al Estado uruguayo, mi aspiración es que el Estado haga lo que debe hacer. Quiero llegar a conocer la verdad, que se pueda hacer justicia, que los sospechosos tengan un juicio justo”, dijo recientemente la joven de 33 años.

María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta y periodista Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires cuando se encontraba embarazada el día 24 de agosto de 1976. En el marco del violento Plan Cóndor de la década del ’70, la mujer fue transportada ilegalmente a Montevideo donde dio a luz bajo cautiverio a su hija. Luego, fue ejecutada. Sus restos permanecen hasta hoy desaparecidos mientras que el padre de Macarena y marido de María Claudia, Marcelo Gelman, también fue asesinado en Buenos Aires Sus restos fueron identificados en 1989 en la capital porteña.

La desaparición forzada de García y la sustracción de su hija recién nacida fue tomada por la Comisión de Derechos Humanos y presentada a la Corte Interamericana, pidiendo que se ordene al Estado uruguayo determinar la responsabilidad de los responsables “mediante el debido proceso de la ley y con una investigación judicial completa e imparcial de los hechos para que los involucrados puedan ser debidamente sancionados”.

El documento de la Comisión solicitó además el otorgamiento de una reparación plena para los familiares de las víctimas, no sólo en forma de indemnización, sino también a través de actos de importancia simbólica que garanticen que no se reiterarán este tipo de delitos.

La noticia de la demanda contra el Estado uruguayo llegó en medio de una fuerte discusión en el seno de la mesa política del partido gobernante, el Frente Amplio, para desterrar la Ley de Caducidad, vigente desde el año 1986.