La falta de preocupación por las víctimas del conflicto armado y la continuidad del paramilitarismo en Colombia fueron denunciadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe anual presentado ayer. El gobierno rechazó los señalamientos de la delegación internacional que además alertó sobre el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC. Según el documento, el grupo rebelde “se adapta de forma dinámica y tiene de nuevo una capacidad para continuar siendo un actor importante dentro del conflicto colombiano”. Eso “no lo cree nadie”, fue la respuesta del comisionado de paz, Frank Pearl.

En rueda de prensa, el jefe de la delegación en Colombia del CICR, Christophe Beney, explicó que durante 2009 el organismo registró 800 violaciones al Derecho Internacional Humanitario en este país, en cuyas zonas rurales “el conflicto tiene mayor intensidad”. Los crímenes van desde amenazas para abandonar los hogares hasta desapariciones, asesinatos y violaciones sexuales. Los “más preocupantes”, según declaró Beney, son las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército colombiano que asesinaron civiles para presentarlos como guerrilleros “dados de baja en combate”, y así ganar beneficios como dinero, días de descanso o ascensos en la institución castrense. Este ha sido uno de los temas más polémicos de la política de seguridad democrática del presidente Uribe.

El Alto Comisionado para la Paz, tras las denuncias del CICR, declaró que “el reporte es una cosa, pero la realidad dice otra. Colombia es hoy un país mucho más seguro que hace ocho años. Eso no lo duda nadie”. Sin embargo, el informe del organismo internacional detalla que la violación al DIH continúa. Los desplazados, familias que tienen que abandonar su tierra en el campo huyendo de la guerra, por ejemplo, son cada vez más. “Muchos están siendo forzados a irse debido a las amenazas a sus vidas. Otros son sujetos de asesinatos extrajudiciales y violencia sexual y la mayor parte son tragedias que siguen sin reportarse”, dijo el funcionario Beney. Hoy, según sus registros, son millones de personas las desplazadas en el país, lo que coloca a Colombia en el segundo lugar en el ranking de este flagelo del conflicto.

También continúa la toma de rehenes o secuestros, el reclutamiento forzado y los malos tratos físicos y psicológicos a la población civil. A la Cruz Roja le preocupa que las víctimas de la guerra son “invisibles”. “Para acceder a las víctimas, el CICR mantiene un diálogo regular con todos los grupos armados, más allá de la calificación que se asigne a éstos”, explica el informe que hace un fuerte llamado al gobierno y los ilegales para la protección de los ciudadanos. “Es fundamental que los dirigentes políticos y los actores armados involucrados en el conflicto tomen todas las precauciones necesarias para proteger a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades”, precisa.

La de Colombia es una de las acciones del Comité “más importantes en el mundo”. Sus actividades se concentran en unas veinte zonas de acceso difícil, donde las necesidades humanitarias son más agudas. El sur y la costa del Pacífico de Colombia son los lugares más afectados por la guerra, según detalló el informe. “Pensamos que en relación con 2006, 2007 y 2008 hay un recrudecimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia”, dijo Christophe Beney, a un mes de las votaciones para elegir al sucesor del presidente Alvaro Uribe.

El fenómeno del paramilitarismo continúa en este país, a pesar de la “desmovilización” que promovió Uribe desde hace ocho años, cuando llegó al poder e impulsó la aprobación de la llamada Ley de Justicia y Paz. Esta ofrece beneficios, como ocho años de prisión por delitos graves incluso de lesa humanidad como masacres y desaparición forzada. Los grupos “paras”, según el CICR, han resurgido desde 2006, pero “ahora se les llama Bacrim (bandas criminales)”, explicó el jefe de delegación. Este problema, así como las víctimas del conflicto y los horrores que viven a diario, son ignorados durante la actual campaña presidencial, según el CICR.