Roberto Larosa, el asesor legislativo que fue sorprendido mientras husmeaba en despachos del Ministerio de Economía fuera del horario laboral, dejó de ser el único sospechoso en la causa en la que se investiga el presunto robo de información calificada. Ahora también quedaron en la mira sus posibles clientes, entre ellos los más conocidos gurúes de la city porteña. Por eso el juez Claudio Bonadío desplegó ayer allanamientos en las consultoras M&S de Carlos Melconian; en el Estudio Broda; de Miguel Angel Broda; en OJF y Asociados, de Orlando Ferreres; en Ecolatina, que dirige un hijo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y en Fiel, cuyos economistas principales son Daniel Artana y Juan Luis Bour. También hubo procedimientos en las oficinas de la compañía estatal de agua AySA.

Poco después de la detención de Larosa en la noche del 16 de abril, Bonadío ordenó allanar su casa, en Caballito. Los investigadores se llevaron cinco computadoras, documentos de todo tipo sobre economía y finanzas y también encontraron gran cantidad de facturas que entregaba por los servicios que prestaba como experto en cuentas públicas. Esos comprobantes fueron los que llevaron a dar con las cinco consultoras: Larosa les facturó en el último año trabajos por montos que, informaron a Página/12 allegados a la investigación, oscilan entre los 700 y los 2000 pesos cada una. También habría estado vinculado con la empresa estatal de agua, lo que explica que el operativo policial se haya extendido a sus dependencias.

Los consultores económicos identificados en el expediente se caracterizan por haber pasado los últimos años –los gobiernos kirchneristas– anunciando catástrofes económicas y apocalipsis financieras, desde el dólar a 7 pesos hasta la parálisis productiva, que por lo pronto no se concretaron (ver aparte). Como todos los expertos del ramo, se nutren de información que les proveen terceros, entre quienes estaría Larosa, que les habría facilitado números precisos sobre ejecución presupuestaria y recaudación impositiva. El problema no es si les vendió datos, sino qué clase de datos y cómo fueron obtenidos. El juzgado todavía está en plena tarea de determinar si Larosa robaba informes y si su contenido era, en el momento de la sustracción y venta, de carácter reservado. Ahí apuntaban, en parte, los allanamientos de ayer, en los que la Policía Federal recopiló papeles y computadoras.

Si se llegara a comprobar que la información era secreta, esto agravaría el panorama de Larosa en la causa y podría extender las consecuencias a los usuarios del material. Todo indica que Broda, Melconian, Ferreres, Marco Lavagna y los directivos de Fiel serán citados a declarar, pero aún no está definido si serán convocados como imputados o como testigos. Al “topo” hasta ahora se le atribuyen los delitos de allanamiento ilegal y tentativa de hurto, que no son graves. Bonadío lo mantiene detenido –en el penal de Marcos Paz– para asegurarse que no interfiera en una etapa clave de recolección de pruebas. Pero es probable que lo libere en los próximos días y, si no lo hace él, podría hacerlo la Cámara Federal.

Larosa es un personaje conocido en el mundo político y financiero. Hasta el día en que fue descubierto escondido adentro de un armario de la Subsecretaría de Presupuesto, trabajaba como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. En los noventa trabajó en el Instituto de Estudios y Participación (IDEP) de la CTA. Entre 1975 y 1993 fue funcionario del Palacio de Hacienda.

Una arista de la investigación judicial apunta a esclarecer si Larosa actuaba sólo o tenía socios y/o cómplices en el propio Ministerio de Economía. El viernes que fue arrestado, había ingresado como “visita”, autorizado por un funcionario, Leonardo Marcus, a las 19.30. Según las filmaciones, estuvo brevemente con él y luego comenzó su periplo por otros pisos. Habría dado vueltas por algunos pasillos, hasta que entró primero en el despacho del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, en el décimo piso, con su propia llave. Luego bajó al cuarto y entró, también con su llave, en la oficina del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, donde finalmente lo arrestaron. De acuerdo con las imágenes, había permanecido ahí con la luz apagada (y se ayudó, al parecer, por una linternita).

Según contaron a este diario fuentes cercanas al ministerio, entre personal de seguridad, policía y mayordomos fue una decena de personas la que lo cercó, pero pasó un buen rato antes de que rompieran la puerta de vidrio (había cerrado con llave) y más pasó hasta que lo encontraron, lo que explica que Larosa no tuviera prácticamente nada consigo, ni papeles ni carpetas. Lo que sí tenía, como reveló este diario, era un manojo de llaves, donde no sólo estaban las de las oficinas de Lorenzino y Rigo, sino las de otras dependencias del cuarto y décimo pisos. Eso demostraría que no estaba allí por accidente ni casualidad, ni porque alguien le hubiera tendido una trampa. En ambos sitios del edificio se concentra información clave sobre presupuesto, recaudación, gasto público, el crecimiento económico y hasta la inflación. Marcus, el funcionario que lo había hecho entrar, hizo una primera declaración como testigo, en la que dijo que conocía al presunto espía desde hacía veinte años y que lo iba a ver seguido. Su segunda declaración fue interrumpida a la espera de algunas evidencias pendientes, como el registro de visitas de Larosa al Palacio de Hacienda.

Más allá de las consultoras investigadas, el juzgado también analiza las conexiones políticas de Larosa y el uso que en ese ámbito se pudo haber hecho de información obtenida por él. Por ejemplo, los investigadores rastrean la posible relación entre ciertas cifras exhibidas por el diputado Lozano cuando el ministro Amado Boudou concurrió a fines de marzo a la Cámara de Diputados para explicar el uso de las reservas. Allí el legislador expuso detalles sobre la ejecución del gasto público y la proyección de gastos que no aparecen en el presupuesto que sorprendieron a los funcionarios presentes. Incluso venía hablando de un agujero fiscal de 50 mil millones de pesos. Días antes, Larosa habría estado en el ministerio, según una versión. En un principio, Lozano habló en defensa de su asesor y atribuyó su detención a un “operativo montado” por el Gobierno. Luego fue tomando distancia. La agenda de contactos políticos de Larosa amaga con convertirse en otra pata de esta insólita historia.