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En una de las zonas donde rige el estado de excepción desde el sábado atentaron contra un senador del oficialismo paraguayo. El legislador Robert Acevedo quedó gravemente herido y dos guardaespaldas murieron en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el norte. Acevedo, del gobernante Partido Liberal, conducía una camioneta cuando fue baleado por motociclistas que dispararon decenas de veces, según relataron fuentes policiales a los medios locales.

El senador es propietario de la radio Amambay y en varias oportunidades realizó denuncias públicas contra la corrupción y la mafia del narcotráfico. Derlis Arce, secretario del congresista, informó a la radio Ñandutí, de Asunción, que Acevedo recibió dos impactos de bala, uno de ellos de refilón, y se encuentra estable en la clínica San Lucas, de Pedro Juan Caballero, a 550 kilómetros al nordeste de Asunción, en la frontera con Brasil. “Fue un milagro. Se salvó porque se puso al volante de la camioneta, que tenía vidrios polarizados”, dijo Arce. “Los asesinos creyeron que estaba en la parte de atrás. Además, uno de los guardaespaldas (Martínez) se abalanzó sobre él para cubrirlo”, precisó Arce, citando el relato del senador antes de que fuera ingresado a terapia intensiva en estado consciente. Gabriel Alcaraz, conductor de un programa en la radio Amambay que auxilió al senador en el hospital, dijo que el político fue operado de un impacto de bala en el brazo y de un proyectil cerca del ojo izquierdo. Según Alcaraz, un motociclista que pasaba lo reconoció y lo llevó hasta el nosocomio.

Pedro Juan Caballero es la capital de Amambay, uno de los departamentos declarado el sábado en estado de excepción por el Parlamento, medida que pretende facilitar la captura de los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero que ha reivindicado secuestros y asesinatos y al que se le atribuye la muerte de cuatro policías el miércoles pasado en Concepción, 500 kilómetros al norte de la capital. Sin embargo, la policía descartó alguna relación entre el EPP y el atentado contra Acevedo.

El estado de excepción rige por treinta días en cinco departamentos (provincias), donde el presidente Fernando Lugo ordenó el despliegue de unos mil policías y militares para rastrillar la zona. El gobierno insistió en que no se van a limitar ni derechos ni libertades de las personas y el único objetivo será capturar a miembros del EPP.