A catorce años de su inicio, la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura llegó a juicio oral y público. Los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone –condenado a 25 años de prisión por la represión en Campo de Mayo– comenzarán a ser juzgados el 20 de septiembre por 33 casos, entre ellos el de la actual diputada María Victoria Donda, nacida en cautiverio y criada por un prefecto naval. Además de Videla y Bignone, estarán sentados en el banquillo de los acusados el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros, condenado ya a prisión perpetua, y los máximos jefes del centro clandestino de detención de la ESMA, Jorge Eduardo “Tigre” Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco.

A estos genocidas se les imputa sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años, como “responsables remotos de esos hechos, lo que obligará a demostrar en juicio que existió un plan sistemático de sustracción de menores. En el mismo juicio se juzgará a Juan Antonio Azic, acusado como responsable directo por la sustracción de Victoria Donda. Durante el debate declararán cerca de 300 testigos y se estima que el juicio tendrá una duración de seis meses.

En 1996, la causa nació con la denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes pudieron impulsarla aun antes de la anulación de las leyes de impunidad –Punto Final y Obediencia Debida– porque estos delitos cometidos contra menores no estaban amparados en esas normas. Llegó a tener 30 mil fojas y 19 cuerpos y la búsqueda de pruebas y testimonios incluyó viajes de ex jueces de la causa a Suiza y España. En febrero de 1998, luego de su primera autocrítica, el ex jefe del Ejército Martín Balza precisó que entre los actos repudiables que perjudicaron la imagen institucional está la “disposición de niños nacidos en centros de detención y la sustitución de sus identidades”. Y lo repitió ante el ex juez federal que llevó el caso durante los primeros años, Adolfo Bagnasco.

Durante la investigación, los funcionarios judiciales reconstruyeron las características del plan: apropiación de niños tras los operativos de secuestro de sus padres, apropiación de niños tras su nacimiento clandestino y desaparición y muerte de la madre, en la mayoría de los casos. Las embarazadas estaban en una pieza en la ESMA, encadenadas y con los ojos vendados, y daban a luz con la asistencia de alguna compañera. De 18 nacimientos ocurridos en ese centro clandestino, sólo dos bebés fueron devueltos a sus familias biológicas. En tanto, en Campo de Mayo, en el sector Epidemiología, no se registraban los nacimientos de las mujeres que parían atadas a las camas.