El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, evalúa presentar una acción judicial contra la ley promulgada en el estado de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, dijo ayer el ministro de Justicia norteamericano, Eric Holder.

Holder calificó a la norma que permite a la policía detener a gente sólo por sospecha de ser indocumentados de “desafortunada” y anunció que en el gobierno de Obama “estamos considerando todas las posibilidades, incluyendo un desafío ante las cortes”. El ministro de Justicia se declaró “muy preocupado” por la posibilidad de que la normativa, que abre el riesgo de detenciones basadas en la apariencia étnica, establezca “una brecha entre las comunidades” y las fuerzas policiales. El viernes, pocas horas antes de que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, firmara la ley, Obama consideró la iniciativa como “irresponsable”.

Holder no fue el único que criticó la norma. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo estar “profundamente preocupada” por la nueva ley migratoria durante una audiencia en el Senado, en la que además se cuestionaron las posibilidades de éxito de una reforma migratoria a nivel nacional que reclaman sin descanso las organizaciones civiles.

Napolitano recordó que el Departamento de Justicia está analizando exhaustivamente si la ley de Arizona “cumple con los requisitos constitucionales” y señaló que aún queda tiempo, ya que la normativa no puede ser implementada antes de noventa días.

Aun así, la funcionaria teme el impacto que pueda tener la norma en la capacidad de la policía, ya que –dijo– ésta podría “restarle” o incluso “desviar” los recursos que necesitan las fuerzas de seguridad para centrarse en “aquellos que cometen los crímenes más graves, más allá de violar las leyes de inmigración” del país. “Crímenes graves, de drogas, fugitivos, miembros de bandas... eso es en lo que nos centramos (...) así que nos preocupa que hasta cierto punto tendremos que usar nuestros recursos de inmigración contra cualquiera al que le sea aplicada esta ley”, sostuvo Napolitano, quien durante su etapa como gobernadora de Arizona vetó dos veces legislaciones similares a la sancionada la semana pasada por su sucesora, Jan Brewer.

La normativa ha provocado duras protestas y críticas –incluida la del presidente, Barack Obama, y de las más altas autoridades del vecino México– porque prevé que la policía pueda reclamar la identificación a una persona para comprobar si se encuentra legal o ilegalmente en el país aunque no haya cometido delito alguno, algo que muchos consideran que puede provocar discriminación racial.

Numerosos grupos civiles han advertido además que la ley podría reducir la cooperación ciudadana con las autoridades policiales por miedo a ser deportados, una preocupación que Napolitano dijo compartir al afirmar que “este tipo de leyes no constituyen un valor añadido a la aplicación de la ley”. “Constitucionales o no, hay verdaderas razones policiales por las que leyes como ésta son equivocadas, por algo la mayoría de los agentes de la ley se oponen a ellas”, recordó la alta funcionaria.

En este contexto, varios legisladores cuestionaron la viabilidad de una reforma migratoria “integral” a nivel nacional a la que Obama se ha comprometido –aunque todavía sin fijar fecha– en vista del incremento de la violencia por narcotráfico en México.