El gobierno de Cuba comenzó ayer el traslado de presos políticos a cárceles ubicadas más cerca de donde viven sus familias, como fruto de una mediación de la Iglesia Católica, que busca lograr excarcelaciones, dijeron fuentes de la oposición y familiares.

“Hasta ahora hubo tres traslados de los diecisiete posibles. Ha comenzado el proceso, lo estarán haciendo entre hoy y mañana” miércoles, declaró ayer Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos (Ccdhrn). Con el correr de las horas, el número de trasladados se extendió a seis.

Félix Navarro y Antonio Díaz, condenados a 25 y 20 años respectivamente y recluidos en la provincia central de Ciego de Avila, son llevados a la cárceles de Matanzas y Ciudad de La Habana (oeste), y Diosdado González, que purga 20 años, es trasladado de Pinar del Río (oeste) a su natal Matanzas, según Sánchez. Los tres presos forman parte del grupo de 53 opositores que aún permanece en prisión de los 75 arrestados y condenados en 2003 a penas de entre 6 y 28 años, y son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Más tarde se sumaron a la lista Iván Adolfo Hernández, trasladado de Villa Clara a Matanzas; José Luis García, de Granma a Las Tunas, y Arnaldo Ramos, de Sancti Spiritus a La Habana.

La esposa de González, Alejandrina García, dijo haber sido informada del traslado por otros presos de la cárcel. “A mí me alegra, porque si lo ponen en la prisión de aquí, me queda a 20 kilómetros para ir a verlo, pero mi esposo donde debe estar es en la casa, en libertad, con nuestra familia”, afirmó. “Para mí es un buen gesto por parte del gobierno, ya que llevan muchos años fuera de sus provincias, sin tener en cuenta que están cumpliendo una injusta condena, pero es un paso, me siento alentada y esperanzada que sea el regreso para la casa”, dijo, por su parte, Gisela Sánchez, esposa de Díaz.

Navarro es un docente de 56 años que militaba en el Movimiento Todos Unidos; González, un agricultor de 45 años que presidía el Partido Paz, Democracia y Libertad en su zona, y Díaz, un electricista de 47 años, activista del Movimiento Cristiano de Liberación que preside Oswaldo Payá, Premio Sajarov 2002. Todos estos grupos están declarados ilegales por el gobierno. “Es intrascendente el asunto porque es un traslado de una prisión de alta seguridad a otra semejante, aunque más cerca de su casa, pero el tema es la libertad de ellos. Si esto va a ser la portada de las excarcelaciones estaría bien, pero todavía es prematuro”, comentó Sánchez.

Por su parte, el portavoz de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn), Elizardo Sánchez, dijo a la agencia DPA que en total se prevé el traslado de entre 15 y 17 opositores encarcelados en provincias diferentes de aquellas en las que residen sus familias y afirmó que se espera que el proceso discurra entre hoy y mañana.

Sánchez consideró que dichos traslados son “algo irrelevante” en vista de que a los presos se los traslada de una prisión de alta seguridad a otra prisión de alta seguridad. No obstante, hizo referencia a que el gobierno cubano anunció a la Iglesia Católica que no sólo trasladaría a presos cerca de sus familias, sino que también excarcelaría a los más enfermos.

Hace dos semanas, Castro mantuvo una inusual conversación de cinco horas con el cardenal arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, y el líder de la Conferencia Episcopal de Cuba, arzobispo Dionisio García Ibáñez, en la que los jerarcas católicos de la isla exigieron una vez más la excarcelación de los presos políticos, especialmente de los más enfermos.

Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, en Cuba hay unos 200 presos políticos. Sin embargo, el gobierno cubano niega tal calificativo y asegura que todos ellos han sido debidamente juzgados y condenados en base a leyes vigentes, por ser “mercenarios” o “agentes” al servicio de Estados Unidos. El traslado de los presos es el fruto inmediato de una reunión que sostuvo Raúl Castro con el cardenal Jaime Ortega, el 19 de mayo, la primera para tratar problemas cubanos, incluso la situación de los presos.