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Un grupo de delegados de gremios docentes y trabajadores del Ministerio de Educación desembarcó en la Comisión de Educación de la Legislatura para denunciar los despidos. Los opositores porteños exigieron explicaciones y reclamaron la presencia de la subsecretaria de Inclusión Escolar, Ana Ravaglia, mientras que el legislador PRO Enzo Pagani advirtió que se trata de una “reducción del personal político”. Los bloques opositores preparan un pedido de informes y la situación seguramente se volcará al recinto.

A medida que se empezaron a conocer los despidos, algunas decenas de trabajadores independientes, junto a delegados de Ademys y de Ute-Ctera, marcharon a la Legislatura. En la comisión de Educación denunciaron que estaban llegando telegramas para rescindir contratos a docentes y profesionales de los gabinetes psicopedagógicos. Los legisladores Francisco “Tito” Nenna (Frente para la Victoria), Laura García Tuñón (Proyecto Sur) y María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) se solidarizaron y exigieron a la presidenta de la comisión, Victoria Morales Gorleri, que pida la asistencia de Ravaglia para que dé explicaciones. Pagani, quien proviene de Recrear junto con Esteban Bullrich, se ocupó de defenderlo: “Es llamativo encontrar a la oposición preocupada por la decisión de dar de baja locaciones de servicios. El ministro tiene toda la potestad para reducir la planta transitoria”, consideró.

“No es de extrañar que desde el Ministerio de Educación planteen un ajuste del 30 por ciento en las plantas más que transitorias, que son las locaciones de servicios. Son docentes que están en planes de inclusión social, donde necesariamente hay que invertir más. Hoy la falta de docentes es preocupante”, contraatacó Nenna. “Esto vulnera las fuentes de trabajo y el desarrollo de los programas de inclusión social. Y muestra una vez más la ineficacia del gobierno de Macri y la decisión de recortar en áreas sensibles, como son los programas de inclusión escolar”, se sumó Naddeo, quien exigió que “la situación se retrotraiga a diciembre, porque hubo despidos durante el año”. “Si bien dicen que son gente que ellos contrataron y tienen la potestad de despedirlos, no son cargos políticos. Son trabajadores que están cumpliendo una función. Si los tomaron es porque son necesarios”, advirtió García Tuñón.

“Esto es una extorsión a los trabajadores y a la Legislatura para que votemos el aumento de impuestos. Macri tiene superávit y lo está escondiendo. No es sólo en educación. Recortó el 30 por ciento en horas de contratos de obras. Está parando proveedores”, advirtió el legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya. Hoy el bloque de la CC dará una conferencia de prensa junto a Elisa Carrió para rechazar el aumento de Ingresos Brutos que intenta aprobar el PRO en la Legislatura.

“El ajuste de cuentas de dos sectores del macrismo (Bullrich y Andrés Ibarra) no puede ser pagado por los trabajadores”, estimó el legislador de Igualdad Social, Martín Hourest. “No son contratos de planta política. Esto es una estrategia de cerrar el episodio Ibarra haciendo pagar a algunos trabajadores el costo de sus excesos. Y no porque estén echando a los que puso Ibarra”, remarcó. “Si el bueno de Rodríguez Larreta lo cobija a Andrés Ibarra en Hacienda y dejó una crisis en Educación, ¿cuál es el sistema de premios y castigos? –se preguntó Hourest–. ¿Larreta no tenía su tablero de comando? Van dos años de gestión y no 15 días.”