La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, continuará con los planes de iniciar el lunes próximo los estudios de ADN para develar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. En las últimas 48 horas, Ernestina Herrera de Noble redobló su ofensiva para evitar la realización de las pruebas impugnando al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y recusando a la magistrada por los fundamentos que expuso en una causa en la que procesó al ex juez Roberto Marquevich por violación de secretos, pero lo sobreseyó en el delito privación ilegal de la libertad. La empresaria, a través de su nuevo abogado, el ex juez Gabriel Cavallo, sembró dos nuevos obstáculos, en la misma línea que viene utilizando desde que se ordenaron los estudios por primera vez, el 17 de diciembre de 2002, hace casi ocho años. La lógica indica que Arroyo Salgado rechazará la recusación presentada por Cavallo argumentando que en los fundamentos expuestos en la causa sobre Marquevich se evaluaba si era razonable o no la citación a prestar declaración indagatoria y la posterior detención de Herrera de Noble. Eso no implicaría una opinión definitiva sobre el caso, sino únicamente sobre aquella medida. La decisión de Arroyo Salgado, tomada en 2009, está actualmente apelada y debe resolver la Cámara Federal de San Martín. La impugnación del Banco era cantada. Cavallo defiende desde hace años a la ex titular del BNDG, Ana María Di Leonardo, quien cuestiona su desplazamiento del cargo en 2006. En el escrito del abogado de la dueña de Clarín se menciona que, supuestamente, se perdió la custodia de las muestras, entre otras cosas, por el desplazamiento de Di Leonardo y su reemplazo diez días después. De cualquier forma, si las muestras de Marcela y Felipe resultaran ser compatibles con familias de desaparecidos, se podría hacer una contraprueba, citando a los abuelos u otros familiares para que se hagan una nueva extracción de sangre.