A pesar de las repetidas frustraciones del Consejo Económico y Social y las rispideces en el debate por las negociaciones salariales, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial (UIA) se reunieron ayer para continuar delineando una agenda conjunta que exceda el corto plazo. Durante el convite no se discutió sobre las paritarias pero, antes y después de la reunión, ambas partes siguieron debatiendo. El titular del conglomerado fabril, Héctor Méndez, insistió con limitar el monto porcentual de los aumentos a un techo del 30 por ciento. Por su parte, desde la central de trabajadores cuestionaron el alarmista discurso empresario y rechazaron que se esté frente a la reapertura masiva de acuerdos salariales o ante el desborde de los reclamos.

El incremento en el precio de la carne y los productos lácteos a principios de año modificaron las pautas de la negociación salarial. Ante la posibilidad de que se reabra una discusión paritaria –Luz y Fuerza, aunque formalmente todavía nunca se había cerrado– y frente al monto del incremento obtenido por el sector de alimentación –35 por ciento en cuotas a cobrar hasta abril de 2011–, el empresariado advierte sobre un inminente desborde de salarios y precios.

Sus pronósticos responsabilizan a los aumentos de salarios por el incremento de precios. “El argumento para reabrir paritarias es muy débil. Si cada uno quiere ser más duro que el otro empieza una carrera donde pierden todos. Hay que tener mesura en el reclamo y no crear una psicosis”, sostuvo Méndez. Desde la central de trabajadores que conduce Hugo Moyano cuestionaron las declaraciones del sindicato porteño de Luz y Fuerza para reabrir las paritarias, pero fueron más enérgicos al rechazar la posición patronal: “No existe una estampida para reabrir paritarias, se están desarrollando normalmente. Se trata de un solo gremio que quiere volver a discutir. Se muestran espantados por el 35 por ciento en el sector de alimentación, pero los trabajadores perciben ese porcentaje recién en abril de 2011. Si es terrible, ¿por qué lo firmaron?”.

Al mismo tiempo precisaron que, en ese sector, la elevada rentabilidad empresaria y el retraso en la escala salarial fueron factores determinantes que no se encuentran presentes en el grueso de la economía. El diputado del Frente para la Victoria y apoderado de la CGT, Héctor Recalde, apuntó a Página/12 que “hay un claro mensaje político subyacente en las declaraciones de los empleadores. Pretenden frenar la demanda salarial para maximizar tasa de ganancia y erosionar al Gobierno”.

“Las paritarias no se trataron en ningún momento del encuentro”, declararon desde la UIA y la CGT. Ambas instituciones explicaron que continuaron trabajando para intentar elaborar una agenda estratégica conjunta alrededor de ejes como el acceso al crédito, la regularización del empleo no registrado, la integración comercial y la inversión. El secretario general de la CGT no participó del encuentro. Desde la central de trabajadores explicaron que la ausencia de Moyano se debió a problemas de agenda. Sin embargo, algunos participantes interpretaron el faltazo del líder sindical como una “represalia” ante las declaraciones del empresariado.

Dividendos para todos

El titular de la UIA y Recalde mantuvieron un round aparte. Consultado sobre el proyecto del diputado para garantizar la participación de los asalariados en las ganancias y el control de las empresas, Méndez admitió su desconocimiento, pero aventuró que “Recalde debería irse a vivir a Cuba o Venezuela”. En diálogo con este diario, el empresario plástico señaló que se trató de una humorada. De todos modos, apuntó que “tienen que aflojar un poco. Si están dispuestos a compartir las pérdidas se puede discutir. Además, que sea constitucional no quiere decir que es justo. Tiempo atrás la esclavitud era legal”.

En tanto, Recalde respondió que “en el derecho universal del trabajo, el riesgo de empresa está en cabeza del empleador, no puede recaer sobre los trabajadores”. El legislador recordó que la iniciativa que impulsa se remonta a la Constitución de 1957, durante la proscripción del peronismo. Además, rechazó que la medida perjudique a las pymes, “ya que si se fortalece el ingreso de los trabajadores, defendés a las pequeñas empresas que viven del mercado interno”.