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Desde Madrid

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vivió ayer otra tormentosa jornada, una más en el annus horribilis del presidente socialista. Los grupos parlamentarios le dieron la espalda a su propuesta de reforma laboral y los sindicatos confirmaron que realizarán la huelga general el próximo 29 de septiembre. “No es para cambiar el gobierno”, suavizan los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, pero a estas alturas parece cada día más difícil que el Ejecutivo logre sobrevivir intacto más allá del próximo otoño, cuando su soledad parlamentaria le pondrá casi imposible la aprobación de los cruciales presupuestos para el 2011. Para darle otro empujón, ayer desde la Unión Europea le pidieron que profundice un poco más el ajuste.

La Comisión Europea le dio ayer desde temprano un chapuzón de agua fría al gobierno de Zapatero, al hacer conocer las conclusiones de su evaluación del plan de estabilidad español para el período 2010-2013. En opinión de Bruselas, Madrid debe hacer un esfuerzo suplementario para lograr reducir su déficit público al 6 por ciento del PBI. La ministra de Economía, Elena Salgado, se apresuró a tirar la pelota afuera, a tono con el clima mundialista que se vive en el país, y trasladó ese ajuste suplementario a los gobiernos regionales, una noticia que no cayó bien ni a la oposición ni a los propios socialistas, con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina en gran parte de las comunidades autónomas.

Mientras Bruselas pide más rigor neoliberal, los sindicatos confirman que van a poner toda la carne en el asador en la convocatoria a la huelga general, que anunciaron para el 29 de septiembre, una fecha que coincide con el regreso de las vacaciones veraniegas y el inicio del año lectivo; en otras palabras, un momento en el que más daño puede hacer una medida de este tipo. Y de paso tienen todo el verano para producirla como corresponde, ya que el humor en la calle indica que hoy por hoy la sociedad está lejos de secundar la protesta sindical con los ojos cerrados.

Pero el golpe más duro que recibió ayer el PSOE vino del ámbito parlamentario. Los socialistas habían contraatacado al anuncio de los sindicatos con la propuesta de llevar la reforma laboral al Congreso, confiando en que iban a contar con apoyos suficientes para aprobarla, pero ayer pudieron comprobar hasta dónde llega la soledad del Poder Ejecutivo. Después de reunirse con todos los grupos parlamentarios, el gobierno no pudo concretar el apoyo de ninguno para su medida, con lo cual ahora deberá jugar la carta más riesgosa: aprobará la reforma laboral por decreto y la próxima semana deberá someter el decreto a votación en una cámara cada vez más esquiva.

El Partido Popular le había exigido que presentara la reforma como un proyecto de ley, lo que obligaba a los grupos parlamentarios a tomar posición, pero la oferta se reveló ayer como una especie de trampa, ya que lo único que pudo constatar Zapatero fue su soledad. Por izquierda, la reforma produce pavor por la envergadura del abaratamiento de los costos de despido que les otorga a los empresarios trasladándolos a la sociedad, mientras que por derecha suena insuficiente: los empresarios y sus partidos afines buscan aprovechar al máximo el shock social que ha generado la crisis y su correspondiente transformación en desempleo masivo para aprobar una norma acorde con sus intereses a largo plazo. Saben que reformar las leyes laborales es siempre difícil y no quieren desaprovechar la oportunidad histórica.

Otra zancadilla que llegó ayer a las rodillas del debilitado gobierno socialista –para seguir con las metáforas mundialistas– la puso en escena el Partido Popular al anunciar su posición con respecto a la reforma laboral. Por un lado, le sugieren al gobierno que se abstendrán en la votación parlamentaria, pero a la vez se niegan a presentar un texto alternativo, ya que no quieren compartir el desgaste popular que traerá consigo la nueva legislación. En esa misma sintonía respondieron también los gobiernos regionales encabezados por la derecha. Cuando se hizo público que serán las comunidades autónomas las que tendrán que hacerse cargo del ajuste complementario, no tardaron a salir al cruce del gobierno acusándolo de sacarse de encima sus responsabilidades. Como lo sostuvo en un brillante artículo publicado el pasado domingo en el diario El País el periodista estadounidense Phil Bennet, ex director adjunto de The Washington Post, “cada vez más, parece que el plan económico de Rajoy consiste en apartar a Zapatero del poder”.