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Acostumbrado a sortear tormentas, el jefe de la Armada, Jorge Godoy, está frente a un nuevo tifón: la denuncia penal por presuntas coimas que presentó el Ministerio de Defensa contra tres almirantes, cuatro oficiales, dos empresarios y dos abogados involucra a personajes de la cúpula de la marina. El vicealmirante retirado Gustavo Efraín Lepron, quien se desempeñó como director general de Material Naval hasta 2008, área sospechada por las contrataciones con empresas alemanas, es el denunciado de mayor jerarquía que egresó de la misma promoción que el vicejefe de la fuerza, Benito Rótolo, y del director de Personal, Enrique Olmedo. Ya como retirado en servicio, Lepron se desempeñó hasta la semana pasada como vicepresidente del astillero Tandanor, dependiente de Defensa.

Un artículo de investigación publicado en la revista alemana Der Spiegel a principios de abril fue el detonante de la auditoría dispuesta por la ministra Nilda Garré. La nota detallaba qué miembros de la Armada y funcionarios de Defensa habrían cobrado sobornos a la empresa Ferrostaal para la construcción de cuatro lanchas patrulleras multipropósitos. Ayer Defensa dio cuenta en un comunicado de las irregularidades detectadas por la Dirección de Transparencia Institucional y la Unidad de Auditoría Interna.

- En 2004, una contratación entre la Armada y Ferrostaal para la compra de una planta propulsora destinada a la Fragata Libertad. Por ese motivo se radicó una primera denuncia penal que recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide contra Lepron, los capitanes de navío Alberto Pérez y Eduardo Harris (retirado) y los capitanes de Fragata Gerardo Bellino y Mario Pontello (retirado).

- También se encontraron anomalías en una contratación entre la marina y la empresa Hawkwer para el replacado de baterías del submarino ARA San Juan. Se le dio traslado a la fuerza para que informara.

- Ante el avance en Alemania de la causa que investiga a Ferrostaal por distintos hechos de corrupción y en la que están presos el presidente y vicepresidente de la firma –este último convertido en arrepentido– y la publicación en el diario La Capital de Rosario de una nota con detalles sobre el desarrollo del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM), Defensa realizó otra denuncia que recayó ante el juez Ariel Lijo. Cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional son los delitos con los que se acusa a los empresarios Matthias Mitscherlich y Peter FischerHollweg, al abogado Helmut Cristian Graf, a Lepron, el contraalmirante retirado Alejandro Francisco Uberti, al contraalmirante Juan Carlos Palma y al abogado de la Armada Osvaldo Luis Parrinella, quienes habrían tenido participación en el presunto pago de sobornos por parte de miembros de la empresa chilena Fassmer –que trianguló la operación– a miembros de la Armada para la adjudicación de una contratación para las patrulleras.

El entramado de relaciones recién empieza a abrirse. Lepron había sido pasado a retiro luego de una serie de denuncias por irregularidades en la contratación de obras con la empresa San José que dirige el almirante retirado Basilio Pertiné. Como retirado en servicio recaló en la Agencia Logística de Defensa y luego en Tandanor. El abogado Graf actuó como representante de Ferrostaal y nexo con la Armada. En el Edificio Libertad se preguntaban ayer si tendría algún parentesco con el capitán de Navío Julio Graf, secretario privado de Godoy. El letrado de la Armada Parrinella se había ganado entre los alemanes el mote de “rizos dorados” por tu afición a peinarse. Ahora tendrá que afrontar otras urgencias.