Pasaron más de 20 años y recién ahora la Justicia está investigando a los autores intelectuales de la masacre de cinco curas jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador. La Audiencia Nacional Española, donde tramita actualmente la causa, vinculó al entonces presidente salvadoreño con los asesinatos.

El juez español Eloy Velasco recibió de mano de dos testigos evidencia que señala que Alfredo Cristiani estaba en conocimiento de la matanza que iba a perpetrar el ejército en 1989. En ese momento, Cristiani era presidente en El Salvador y, por ende, comandante en jefe de las fuerzas armadas del país centroamericano. “Yo no participé ni antes ni durante, ni después. Yo me siento muy tranquilo, no tengo ninguna culpabilidad en este tema”, afirmó el referente del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ante la prensa salvadoreña.

Benjamín Cuellar, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), afirmó en comunicación con Página/12: “Siempre lo hemos vinculado a Cristiani con el caso. Lo hemos señalado como encubridor y hemos remarcado la participación del alto mando militar”. Pero recién ahora la Justicia, y no precisamente salvadoreña, está posando la mirada sobre los autores intelectuales de una matanza perpetrada por las fuerzas militares salvadoreñas.

En noviembre de 1989, se sentía un clima hostil contra los jesuitas salvadoreños. La radio local emitía amenazas de muerte, especialmente contra el padre español Ignacio Ellacuría. Se escuchaban proclamas como “Ellacuría es un guerrillero, que le corten la cabeza” o “Deberían sacar a Ellacuría para matarlo a escupidas”. Los medios gráficos se hicieron eco de las intimidaciones contra los curas que adscribían a la teología de la liberación y hasta reclamaban que los sacaran del país.

En la madrugada del 16 de ese mes, los represores salvadoreños irrumpieron en el campus de la UCA. El Batallón Atlacatl, uno de los cuerpos especializados en la llamada lucha contrainsurgente preparados por Estados Unidos, asesinó a Ellacuría, a Ignacio Martín Baró, a Segundo Montes, Armando López, Juan Moreno Pardo y Joaquín López. Las balas también alcanzaron a una colaboradora de los sacerdotes, Elba Ramos, y a su hija de 15 años, Celina. Antes de irse, los militares incendiaron y saquearon el centro Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que funcionaba en el predio de la universidad. Ese organismo llevaba el nombre y actualmente lo sigue haciendo, del arzobispo asesinado en 1980 mientras oficiaba misa. Minutos después, un vehículo de la brigada circulaba por los alrededores del arzobispado y anunciaba a través de un altavoz los crímenes. “Ellacuría y Martín Baró ya cayeron: Seguimos matando comunistas.”

En diciembre de 1990, el juez Ricardo Zamora procesó a diez militares salvadoreños. El coronel Guillermo Benavides fue acusado de impartir la orden de asesinar a las ocho personas. En enero de 1992 recibió una pena de prisión de 30 años. Poco después fue beneficiado por la Amnistía General que rige en el país, sancionada por la asamblea legislativa tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.

Según denuncian los organismos defensores de los derechos humanos, la Corte Suprema salvadoreña no está aportando a que se juzgue y sancione a los criminales en ese país. Ante este escenario, dos organizaciones se presentaron ante la Audiencia Nacional española para reclamar justicia por el crimen de los cinco sacerdotes que habían nacido en la península ibérica, Ellacuría, Martín, Montes, López y Moreno. Los querellantes en la causa abierta por el magistrado Velasco son la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y Responsabilidad de Estados Unidos. “Esperamos que lo que está sucediendo en España sirva para que funcionen las instituciones en El Salvador”, se esperanzó Cuellar.

Informe: Luciana Bertoia.