La Cámara de Diputados de Uruguay estaba por dar media sanción a un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que impide el juzgamiento de los represores de la última dictadura. Al cierre de esta edición, todo indicaba que la iniciativa del oficialismo iba a cosechar los 50 votos necesarios de los parlamentarios del Frente Amplio. Afuera del recinto, organizaciones de derechos humanos y la central obrera uruguaya esperaban la decisión.

Por la mañana de ayer, empezó a debatirse en la Cámara baja el proyecto que presentó el oficialista Frente Amplio (FA) para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Esa norma se aprobó en 1986 e impide que sean juzgados y sancionados los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura uruguaya (1973-1985).

Al cierre de esta edición, la bancada oficialista se aprestaba a imponer su ajustada mayoría para lograr que pase el proyecto al Senado. El FA tiene 50 escaños, mientras que la oposición cuenta con 49. De mantenerse esta tendencia, se dejarían sin valor los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15.848, a pesar del rechazo del Partido Colorado y del Partido Nacional.

El diputado Felipe Michelini –hijo del ex senador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Buenos Aires– presentó el proyecto interpretativo. El diputado oficialista afirmó que una vez aprobada la norma, se restablecerá la independencia del Poder Judicial. La Ley de Caducidad obliga a los jueces a preguntar al Ejecutivo qué casos están contemplados dentro de la amnistía.

La redacción de la iniciativa de ley trajo varios debates al interior de la coalición centroizquierdista que gobierna Uruguay. Todo parece indicar que el terreno más árido para el proyecto será en la Cámara alta, donde se necesitarán 16 votos para terminar con los alcances de la Ley de Caducidad. Si bien el FA tiene 17 senadores, dos ya adelantaron que votarán en contra. Los que manifestaron su negativa son los parlamentarios Jorge Saravia y Rodolfo Nin Novoa.

El Plenario Intersindical de Trabajadores y Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central obrera uruguaya, se movilizó desde temprano hasta el Palacio Legislativo. En las afueras del recinto, representantes de organismos de derechos humanos seguían anoche de cerca la votación. “Nosotros apoyamos la iniciativa aunque el gobierno no se haya jugado por la anulación”, dijo a Página/12 Baldemar Taroco, presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos Crysol. Taroco se quejó porque el Frente Amplio haya apurado la medida para evitar una condena contra el Estado uruguayo cuando la Corte Inte-ramericana de Derechos Humanos trate el mes próximo una denuncia de Macarena Gelman por la desaparición de su madre.

Informe: Luciana Bertoia.