Desde París

La calle volverá a ser el eco de la oposición de la sociedad francesa a la reforma que amplía los años de cotización necesarios para jubilarse. Los ocho sindicatos convocaron para hoy a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones contra este accidentado proyecto de ley que fue aprobado ayer en la Asamblea Nacional por 336 votos a favor y 233 en contra. El último acto está ahora en manos de Nicolas Sarkozy. El presidente debe promulgar la ley alrededor de mediados de noviembre, pero todo depende del camino que tomará el recurso que presentará el Partido Socialista francés ente el Consejo Constitucional. Este séptimo día de protestas y paros desde el mes de septiembre lleva implícito un mensaje y un desafío: mensaje hacia el gobierno para probar una vez más la capacidad de movilización del movimiento sindical de cara a las próximas negociaciones, desafío en torno de la magnitud de las marchas de hoy en un momento en que, luego de que el Senado aprobara la reforma provisional, las huelgas y la combatitividad social mermaron.

Ayer, muchos de los sectores que estaban en huelga iban recuperando la actividad. Los problemas de abastecimiento provocados por los bloqueos en los depósitos y la huelga en las refinerías fueron disminuyendo poco a poco. Cinco de las 12 refinerías que estaban en huelga reanudaron sus actividades. Incluso los dirigentes de los dos principales sindicatos, CGT y CFDT, atenuaron sus llamados a la huelga en las refinerías. Ello no significa que la batalla social se haya acabado. Nicolas Sarkozy consiguió su reforma, con la cual la edad mínima para jubilarse pasa de los 60 a los 62 años y de 65 a 67 los años necesarios para cobrar una jubilación plena, pero dejó en el camino porcentajes profundos de credibilidad. La inflexibilidad que el gobierno demostró con la reforma, el rechazo a todo esquema de diálogo en un sistema político donde se avanza por consenso y habilidad y el hecho de que mantuviera como promotor de la ley al ministro empapado en el escándalo L’Oréal, Eric Woerth, afianzaron la idea de que Nicolas Sarkozy encarna un poder que gobierna para las minorías, que sólo atiende las demandas de los privilegiados y deja de lado las que su pueblo grita en las calles. Las alas que llevaron a Sarkozy al poder y a dimensiones soñadas de popularidad se llenaron de plomo con la extensa confrontación que se plasmó en torno de la reforma. El gobierno se vio arrastrado por la demanda callejera no hacia las concesiones sino hacia la impopularidad.

Dos lógicas permanecen en pie, irreconciliables. La del gobierno: el primer ministro, François Fillon, dijo ayer: “La ley de la República debe ser aceptada por todos”. La primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, le respondió: “No se gana contra los franceses”. Nicolas Sarkozy, que aspira a ser reelecto en 2012, tiene aún muchas cartas en la mano. En poco más de dos semanas cambiará el gobierno y sus consejeros más cercanos ya salieron a decir que ahora empieza un período de consenso, de diálogo social, de atención a la juventud. Pero diez meses de batalla en torno de la reforma previsional dejaron muchas huellas y unas cuantas heridas colaterales. El megaescándalo de la heredera del fundador de L’Oréal, Liliane Bettencourt, puso en la órbita de las sospechas al ministro de Trabajo. Ello dio lugar a una férrea batalla en el seno mismo de la Justicia, a espionaje de periodistas, al robo de varias computadores de periodistas que investigaban ese escándalo –Le Monde, Le Point, Mediapart– y al control sin intervención de la ley de sus llamadas telefónicas. Sumados a la ley misma, promovida por el ministro de Trabajo, Eric Woerth, estos incidentes alimentaron la idea en la sociedad de que el presidente está dispuesto a todo con tal de proteger a la “crèmme” del país. Borrar esa imagen cuando faltan 18 meses para las presidenciales no será un desafío simple. Vista desde hoy, la estrategia de Nicolas Sarkozy tiene los ingredientes de una hazaña azarosa.