El Tribunal Supremo Militar de Brasil autorizó al diario Folha de Sao Paulo a consultar las actas del proceso que durante la dictadura de los ’70 llevó a la detención, tortura y prisión de la entonces joven guerrillera Dilma Rousseff, hoy electa mandataria.

Durante la campaña, los militares alegaron que el material que requería el periódico podría ser usado electoralmente por la oposición conservadora. Por el contrario, los abogados del medio argumentaron que los ciudadanos-electores tenían el derecho de conocer el pasado de la delfín de Lula da Silva antes de emitir su voto.

Rousseff, entonces dirigente del Comando de Liberación Nacional (Colina) que derivó en el grupo Vanguardia Popular Revolucionaria Palmares, fue detenida en 1970 y condenada por subversión. Su grado de participación en acciones armadas es aún motivo de polémica. Al momento de ser apresada la llamaron la “Juana de Arco de la guerrilla” por su importancia dentro de la agrupación. En el penal paulista de Tiradentes sufrió torturas durante 22 día seguidos con picana, golpes y ahogamiento. Salió de prisión a finales de 1972.

Folha anunció ayer en su edición digital que el Tribunal Supremo Militar, tras una discusión que duró cinco horas y que ha sido considerada histórica, ha permitido el acceso a dichos documentos. Sólo uno de los miembros del Tribunal votó en contra. Maria Elisabeth Rocha, que era asesora de la presidenta electa cuando era jefa de Gabinete, votó a favor, aunque con una reserva: que la prensa mantuviera en secreto los pormenores desagradables de las torturas sufridas en la cárcel por Rousseff. El argumento fue rechazado por el resto de los magistrados, que alegaron que “no existe la libertad de prensa a medias”.

La abogada del diario paulista, que persistió durante meses para conseguir que se pudieran conocer los archivos sobre el período revolucionario de la electa presidenta por el Partido de los Trabajadores (PT), afirmó que se trata de una victoria “no sólo de Folha, sino de toda la sociedad civil”.

En principio, sólo el mencionado periódico tiene derecho a examinar las actas, aunque podría esperarse que el resto de los medios de comunicación, –con la cadena ultraopositora Globo a la cabeza–, le acerquen su solicitud a la Justicia militar.