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La Justicia española no revisará la sentencia a muerte que la dictadura franquista impuso al poeta Miguel Hernández. El Tribunal Supremo denegó ayer la autorización a los familiares para interponer un recurso de revisión de la condena. Los jueces argumentaron que después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, esa sentencia se considera ilegítima.

Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910. Cuando se desató la Guerra Civil española (1936-1939), el poeta no dudó en alistarse en el bando republicano. En 1940, un tribunal franquista lo juzgó y lo condenó a muerte. Enfermó en un penal de Alicante y, en marzo de 1942, murió allí de tuberculosis.

Los familiares del autor de “Nanas de la cebolla” solicitaron en julio pasado al Tribunal Supremo que revise y anule la sentencia que los represores franquistas no llegaron a ejecutar. En sí, lo que buscaban los parientes del poeta era recuperar su buen nombre para la historia. Pero los jueces no hicieron caso al pedido. Argumentaron que, como la condena fue por motivos políticos e ideológicos, ya se encuentra reconocida por la Ley de Memoria Histórica como radicalmente injusta e ilegítima por vicios de fondo y forma, por lo que ya carece de vigencia.

“Es tremendo que Miguel Hernández, en el centenario de su muerte, siga condenado a muerte”, protestó el periodista Enrique Cerdán Tato, presidente de la Comisión Cívica para la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. “Ya no sabemos qué hacer, aportamos nuevas pruebas y documentos que le exoneraban de su culpa”, añadió y denunció la “tibieza” de la Ley de Memoria Histórica, que en 2007 promulgó el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. “Queríamos que desapareciera la condena, pero no ha sido así”, dijo también al diario El País el abogado Carlos Candela, que anticipó que estudiará presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.