El fiscal de instrucción Sandro Abraldes volvió a poner el acento sobre la actuación de la Policía Federal al pedir que las cúpulas de dos comisarías que participaron en el desalojo al Parque Indoamericano sean investigadas por haber omitido informar en tiempo y forma sobre las dos muertes que se produjeron en Villa Soldati durante la represión desatada en diciembre. El fiscal presentó una denuncia penal donde señala que los efectivos de la comisaría 52 tardaron dos horas en informarle que Bernardo Salgueiro había fallecido, mientras desde la comisaría 36 no lo llamaron para comunicarle que había muerto Rossemary Chura Puña. La fiscalía a cargo de Abraldes había notificado oportunamente por escrito a los comisarios de ambas dependencias, con instrucciones precisas, en caso de llevar adelante cualquier investigación: “Deberá proceder, en los sumarios que se labren con intervención de esta fiscalía y el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 9, a efectuar consulta de forma inmediata con la señora actuaria, en los casos de urgencia, trascendencia, gravedad o con personas privadas de su libertad”.

Según consta en la presentación judicial a la que accedió Página/12, el 7 de diciembre, a las 21.40, Abraldes recibió un llamado de María Andrea Fernández, secretaria de la Fiscalía 24, quien le informó que cerca de las 21.30 había recibido una consulta telefónica de personal de calle de la seccional 52 para decirle que en el Centro de Asistencia y Salud Nº 3, en Lugano, “se hallaba una persona fallecida, individualizada bajo el nombre de Bernardo Salgueiro, quien había sido llevado por particulares, con motivo de haber recibido un disparo en el estómago, en ocasión del desalojo del Parque Indoamericano”. Si bien el efectivo reconoció que se había tomado conocimiento de esa muerte a las 19.30, dijo que había sido “muy dificultoso” llegar hasta el centro de salud, lo que provocó que la consulta se demorara. Luego, Fernández llamó a la seccional 36, donde se enteró de que Rossemary Chura Puña había fallecido en el Hospital Piñero a raíz de una herida de bala.

El escrito destaca, además, que la directiva a los jefes policiales fue “simple, directa y fácilmente asequible para su entendimiento: provocar la consulta inmediata a la fiscalía”. Para eso los policías contaban, de antemano, con los números de teléfono de Abraldes y de la fiscalía. La denuncia hace hincapié en la consulta y su inmediatez. También afirma que de la investigación surge que “se ha incumplido claramente” con ese pedido desde ambas seccionales. Los testimonios de dos médicos apoyan el pedido del fiscal. El que atendió a Salgueiro en el centro de salud de Lugano declaró que “tipo siete de la tarde estaba en la sala de médicos en el primer piso” cuando “escuchó gritos, se asomó por la ventana y vio que estaban sacando a una persona de un auto”. El especialista reconoció que otra persona ingresó con una herida de bala en el hombro izquierdo y en la oreja, y que “en la salita siempre hay consigna policial”.

“El móvil de la seccional 52 llegó bastante rápido. Eran un par de móviles, en uno de ellos había un subcomisario que hablaba y llamaba por teléfono”, dijo el médico, que informó al policía que el herido ya estaba muerto cuando ingresó al centro de salud y que tenía una herida de bala compatible con un calibre 22. Una doctora a cargo del móvil del SAME respaldó su testimonio. “Cuando estaban en el lugar, se escucha por el radio de la base que había que concurrir al Cesac Nº 3 porque a las 19.35 había ingresado un herido de bala a ese centro.” La doctora hizo una observación más: “La policía de la 52 llegó rápido. Uno se presentó como subcomisario, y dos o tres policías más –y agregó–. El subcomisario estaba muy acelerado, nervioso y hablaba por teléfono con algún jefe. El subcomisario le dijo a Ricardo que tomara todos los datos y se retiró. Quedó un patrullero en el lugar con personal policial”.

A partir de la denuncia del fiscal, el juez Rodolfo Cresseri, subrogante del Juzgado de Instrucción porteño Nº 15, deberá analizar la actitud de los policías que intervinieron en el procedimiento y si incurrieron en delito o no. Aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar, fuentes judiciales adelantaron que los funcionarios policiales podrían ser investigados por desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionarios y encubrimiento por omisión de inicio de la persecución penal. En la causa existen numerosas pruebas que comprometen a los efectivos de la Federal, que actuaron junto a los de la Policía Metropolitana durante el violento desalojo.