Segundo día de alegatos de El Taller, o lo que a fines del ’76 en medio de la fuga de dos sobrevivientes empezó a conocerse como Automotores Orletti. Con Raúl Guglielminetti y Eduardo Cabanillas sentados entre los acusados, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó con la primera jornada de acusación. El alegato volvió a trazar la arquitectura de Orletti como eslabón operativo y destinado a la “ejecución de blancos subversivos” de los espías de la Side de Otto Paladino; dejó anclado el centro clandestino en el radio del I Cuerpo del Ejército y como uno de los eslabones del Plan Cóndor. El genocidio apareció, además, como marco de una acusación que hoy terminará con el pedido de perpetua para Cabanillas, y 25 años para los otros tres acusados.

Detrás de las espaldas de los represores, la mujer de Cabanillas se sentó, al otro lado de un vidrio, entre las sillas destinadas a los familiares de los acusados. A su lado, se acomodaron otra mujer y dos muchachos jóvenes: los cuatro rodeados por la enorme presencia de un circuito de sillas vacías. Frente a ellos, pasillo mediante, un paquete de caramelos se abría paso de silla en silla, de manos de una de las integrantes de los organismos de derechos humanos y grupos de los familiares de las víctimas hasta uno de los hijos, casos en el caso.

Lucía Gómez Fernández empezó con el alegato. Integrante del equipo jurídico de la secretaría al lado de su compañero Pablo Barbuto, la abogada arrancó dando cuenta de las razones por las que el Estado asume el lugar de querellante. Una postura que cambió la posición que mantuvo el organismo durante años, a través de la cual impulsaba los juicios con el aporte de documentos a las querellas, pero sólo se presentaba como parte en los casos en los que no había querellas o tenían posiciones más débiles. Gómez Fernández explicó que ese nuevo lugar está habilitado por la reforma introducida en el Código Procesal Penal en noviembre de 2009, que amplió la figura del “particular damnificado”. Pero, en ese contexto, ancló las razones a rol específico en el juego de la vida política: “Nadie podría negar el salto cualitativo que implica afirmar que antes el Estado era terrorista y hoy está sentado junto a los organismos de derechos humanos y representantes de víctimas, instando la acción en contra de quienes en otro tiempo se valieron del poder del Estado para delinquir”.

Esa fue una de las intervenciones más fuertes de un alegato que estuvo destinado además a dar señales en otras direcciones, como la discusión que se abre paso el campo jurídico sobre el tema del genocidio. Como sucedió en el alegato de la causa a Luis Patti en José León Suárez, también aquí la secretaría adelantó que pediría la condena en el marco del genocidio, una figura que no está tipificada en el derecho interno. Con nuevos fundamentos, explicó por qué hace falta que la Justicia hable de genocidio, en forma complementaria –o no– a lo que pueden hacer otras disciplinas. “Podría argüirse que tanto el crimen de lesa humanidad como el de genocidio son crímenes gravísimos y que, sin dudas, dan cuenta ambos de la magnitud del horror acontecido. Además, tienen similares consecuencias jurídicas”, dijo. Sin embargo, tomó el fallo a Miguel Osvaldo Etchecolatz de 2006 y de él la cita a Michel Foucault que habla del derecho como “productor de verdad”; en ese contexto la Justicia parece tener una tarea por delante: “Nos permitimos recordar la importancia que tiene el reconocimiento de las realidades sociológicas para la construcción de la memoria colectiva”, explicó.

En un alegato con menciones a Elizabeth Jelin y a Paul Ricoeur, intervenciones sobre cómo opera la memoria, cómo influyen los fallos de la Justicia en lo que después se aprende en las escuelas, los abogados se metieron a dejar en claro una serie de posiciones que serán probablemente las que una y otra vez repetirá la secretaría a lo largo de los juicios: “Acá no hubo una guerra”, dijeron. O “no es posible homologar víctimas con victimarios, entre ellos debe haber una delimitación clara, que no implica despolitizar a la víctima”, señalaron siguiendo al sociólogo Daniel Feierstein. “Tampoco hubo dos demonios: como ciertas posiciones pretendieron sostener”, porque eso equipara responsabilidades, es la idea de la victimización colectiva de una ciudadanía que había quedado en medio de dos bandas criminales (de derecha y de izquierda), cuyos males sufría por igual, y que eran igualmente poderosos y dañinos.

Las pruebas siguieron la línea que abrió la semana pasada el alegato de Gonzalo Romero por las querellas de los uruguayos. Subrayaron el rol de Aníbal Gordon a cargo de su banda, como jefe operativo de un centro con integrantes orgánicos e inorgánicos de la SIDE. De la presencia de Otto Paladino en Uruguay. Volvieron al insólito episodio del alquiler del galpón, después del cual el propietario que declaró en la causa quedó perplejo no sólo porque sus inquilinos se fueron de improviso, sino porque se encontró con una boleta de luz enorme “como si en vez de haber estado seis meses hubiesen estado seis años”.

De los cuatro acusados sobrevivientes, porque el resto murió sin condenas, Cabanillas será el único sobre el que pedirán prisión perpetua. Eso se debe a que es el único que tiene imputados homicidios. Como sucedió en las causas del Atlético-Banco-Olimpo y en El Vesubio, el resto de los imputados llegaron sin acusaciones por homicidio de la primera instancia. Eso no se modificó durante el juicio, pese a que durante el proceso se probó por muchos de los testigos que el contador Carlos Santucho, hermano de Roberto, fue asesinado por los imputados sumergiéndolo adentro de un tanque en pleno centro clandestino. El Tribunal Oral Federal 1 a cargo no hizo lugar a la ampliación de la prueba cuando la fiscalía y las querellas lo solicitaron.