En el mediodía de ayer, una orquesta integrada por miembros de las dos que forman parte de la planta del Teatro Colón, la Estable y la Filarmónica de Buenos Aires, sacó sus sillas y atriles a la calle y, frente a la puerta del teatro, dio un concierto de protesta contra lo que llamaron “la persecución macrista”. El objetivo era denunciar las acciones judiciales que el gobierno encaró a partir de la suspensión de funciones que, a fines del año pasado, llevó a la cancelación de la temporada. Pero, más importante aún fue la asamblea realizada, también en la puerta, por los empleados del teatro. Era la primera que se realizaba con posterioridad al comienzo de la controvertida arremetida judicial del gobierno, que había tenido lugar con el teatro cerrado por vacaciones, y desde una negociación salarial convenida con Sutegba, uno de los gremios con representación en el Colón que, en realidad, no había participado en el conflicto anterior. Y la asamblea decidió la suspensión total de actividades, con presencia en el lugar de trabajo, hasta que se conceda el aumento salarial pedido, de un 40 por ciento, y se dejen sin efecto las sanciones a un grupo de los trabajadores que participaron en las medidas de fuerza, entre ellos los delegados de ATE (el sindicato implicado en ellas). La consecuencia más extrema podría ser la imposibilidad de comenzar en fecha con la temporada del Colón, aunque, yendo aún más allá, los delegados aseguran que “si no hay arreglo no hay temporada en absoluto”. Un arreglo que, a estas alturas, resulta improbable, sobre todo teniendo en cuenta que ambas partes se consideran lo suficientemente fuertes como para no retroceder y esperar el desgaste de la otra.

Del lado del gobierno se confía en la “mala prensa” de los delegados gremiales y en la fuerza que tendrá el anuncio de una temporada de muy alto nivel artístico y que, según pudo saber este diario, incluirá, además de la apertura a cargo de la Fura dels Baus, con su versión de la ópera El gran macabro, de György Ligeti, una puesta de Sergio Renán de La flauta mágica de Mozart, títulos como Pelléas et Mélisande, de Debussy, y Lohengrin, de Wagner, y la visita del genial pianista Keith Jarrett, que realizaría un concierto solista en abril. La prédica oficial rondará el tópico ya ensayado de la designación de los trabajadores en conflicto como “piqueteros de escenario” y buscará cristalizar en la opinión pública la polarización entre un teatro de gran nivel internacional, reinaugurado con tanto brillo como esfuerzo por la actual gestión de gobierno, y un grupo de sindicalistas movidos por una “intencionalidad política”, cuyo único fin sería destruir el prestigio de la sala e impedir su funcionamiento normal.

En ese plan se inserta la demanda que, más allá del sumario y las suspensiones tramitadas a raíz de la suspensión de actividades de 2010, el Colón inició contra los delegados el pasado 17 de enero, reclamándoles 55 millones de pesos por los daños económicos ya causados y por los que se derivarían de acciones futuras. Una demanda que, por otra parte, no sigue hasta ahora el rumbo esperado por sus gestores. El lunes pasado, el juez Osvaldo Otheguy, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario, impugnó buena parte de sus argumentos al rechazar la medida cautelar en la que solicitaba a la Justicia que ordene “al personal no interferir en el normal funcionamiento del Teatro para la temporada 2011” y negar el pedido de inhibición de los bienes de los demandados. Tampoco las suspensiones de los sumariados, con la consecuente prohibición del ingreso al Colón, tuvo hasta ahora el sesgo que el gobierno había esperado, ya que varios de los sumariados obtuvieron de la Justicia medidas cautelares que obligan a dejar sin efecto la medida. El otro aspecto involucrado en las medidas tomadas contra algunos de los trabajadores fue la confiscación de sus salarios, pero también en este caso la Justicia falló a su favor, aun cuando el Colón todavía no ha respetado dicho dictamen.

A estas decisiones judiciales se les suma el hecho de que la mayoría de los trabajadores independientes se encolumna en esta ocasión detrás de ATE y una suposición: en un año electoral, el Gobierno de la Ciudad no podría permitirse mantener cerrado un teatro que es su principal emblema y en cuya reapertura gastó unos 120 millones de pesos. Saben, también, que el teatro que se lleva la mayor parte del presupuesto cultural de la ciudad es el paredón contra el que vienen chocando varias de las iniciativas que Macri –o su entorno– tenían al respecto. Fracasó el intento de promulgar una ley de autarquía que sacara al Colón de la órbita del Ministerio de Cultura, fracasó la primera elección de sus autoridades, con una dupla directiva encabezada por Horacio Sanguinetti y el inclasificable Martín Boschet, que paralizó al teatro durante un año. Y fracasó el intento de derivar a cuatrocientos de los empleados del teatro a dependencias del Ministerio de Salud. En ese contexto, ambas partes querrían que este fuera su “caso testigo”. Desde el gobierno buscan dar señales de que sólo negocian con quienes no generan conflictos y de que no aceptan “extorsiones”. Y también las señales de los delegados de ATE se despliegan en varias direcciones, en tanto buscan posicionarse ante el gremio –en el que forman parte de la oposición a la conducción actual– y hacia sus representados, con miras a la elección, hasta ahora varias veces postergada, del representante que, según la ley, debería formar parte del Ente Autárquico Teatro Colón. Mientras tanto, los reclamos salariales de los trabajadores, que ganan la mitad de lo que se percibe en otros teatros y orquestas argentinos, siguen en pie y, curiosamente, las autoridades les dan la razón, aunque dicen no poder contentarlos.